La magistrada Laura Díez deliberó y votó sobre un decreto y una ley cuya constitucionalidad el TC debe ahora revisar
NotMid 19/01/2023
EDITORIAL
Una semana después de su renovación, el Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido ya ha chocado con los esperados conflictos a los que inevitablemente conducen los nombramientos de Laura Díez y Juan Carlos Campo, elegidos por el Gobierno por su cercanía al Ejecutivo más que por su idoneidad para tan alta responsabilidad. Los perfiles de ambos magistrados -ella, ex alto cargo de La Moncloa, y él, ex ministro de Justicia, ambos con Pedro Sánchez como presidente- obligarán a que se repita en más ocasiones el problema desencadenado esta semana: Díez se ha visto forzada a abstenerse de cualquier intervención en el recurso sobre el mínimo de enseñanza en español en Cataluña, pues ella misma se había pronunciado jurídicamente sobre este asunto de forma previa.
La abstención de la magistrada, imprescindible, se produce después de que el pasado martes Conde-Pumpido asignara los asuntos que se acumulaban en la mesa del Constitucional. En virtud del sistema de reparto de ponencias entre los nuevos miembros del tribunal, la relativa al caso del 25% recayó en Laura Díez. El conflicto era claro y la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que capitanea la batalla judicial por una educación bilingüe en Cataluña, presentó contra ella una recusación que tenía posibilidades de prosperar.
Lo que el TC debe abordar es uno de los asuntos más sensibles para el pacto de legislatura que vincula al presidente Sánchez con Aragonès: la continuidad de la inmersión lingüística. El TC debe decidir sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra las normas que en mayo aprobaron la Generalitat y el Parlament, tras un acuerdo PSC-ERC, para sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconoce que los alumnos catalanes tienen derecho a estudiar al menos un 25% del horario lectivo en la lengua común.
En aquel momento, la catedrática Díez formaba parte del Consell de Garanties Estatutàries autonómico, órgano consultivo dependiente de la Generalitat al que había llegado gracias a un pacto entre los socialistas catalanes y ERC. Y como su vicepresidenta, avaló la vía del Govern para impedir la ejecución de la sentencia. Junto a sus compañeros del Consell, dictaminó que el decreto del Govern no vulneraba la Constitución y que el nuevo articulado garantiza que en Cataluña los alumnos aprenden sin discriminación ambos idiomas.
La magistrada Laura Díez deliberó y votó sobre un decreto y una ley cuya constitucionalidad el TC debe ahora revisar. Su recusación y su abstención dibujan el principio de la andadura de un tribunal -el máximo árbitro del Estado- herido en su necesaria apariencia de imparcialidad. La pregunta es cuántas veces ocurrirá lo mismo con el ex ministro Campo, partícipe directo de la aprobación de importantes leyes en el Consejo de Ministros del que formó parte esencial.
