La iniciativa de los socialistas y Unidas Podemos se revela sin disimulo como una reforma ad hominem negociada con sus propios beneficiarios para facilitar su trayectoria política
NotMid 15/11/2022
EDITORIAL
La puerta abierta por el Gobierno a que la supresión del delito de sedición vaya acompañada de una rebaja de las penas previstas para la malversación despeja definitivamente el dudoso argumentario con el cual el presidente Pedro Sánchez justifica la reforma del Código Penal. El Ejecutivo asegura que busca homologar la legislación a la de los países europeos a los que España pretende parecerse. El argumento -falaz, pues hay naciones que castigan con más dureza hechos como los que ocurrieron en 2017 en Cataluña- cae por su propio peso cuando en la ecuación entra la malversación, el otro delito por el que fueron condenados los principales líderes del procés.
A estas alturas nadie puede negar que la proposición de ley de la coalición solo busca una cosa, y es favorecer a su socio de Gobierno en un momento en el que PSOE y ERC se necesitan mutuamente para aprobar sus presupuestos en Madrid y en Barcelona. Con el previsible cambio en la malversación, reclamado explícitamente por Oriol Junqueras este domingo, la iniciativa de los socialistas y Unidas Podemos se revela sin disimulo como una reforma ad hominem negociada con sus propios beneficiarios para facilitar su trayectoria política. Empezando por la del propio presidente de ERC, atenazado por una condena de 13 años de inhabilitación que caería, con lo que podría presentarse a las elecciones catalanas de 2025. También se aliviaría el futuro de otra treintena de cargos republicanos, como Josep Maria Jové (sentado en la «mesa de diálogo») o Lluís Salvadó, y de políticos huidos como el ex president Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Para lograr esa suerte de indultos encubiertos, el Gobierno no descarta cambiar las reglas de uno de los delitos claves en la corrupción.
La malversación implica que un funcionario o una autoridad se apropia de fondos públicos o los destina a fines indebidos. Es lo que ha sucedido en Cataluña, donde un conjunto de autoridades decidió utilizar el dinero de todos para avanzar en la independencia de esta región respecto al resto de España. Pero las consecuencias van más allá, porque reducir las penas asociadas a la malversación afectará a otros condenados por este delito, como el ex presidente andaluz, capital en el caso ERE, José Antonio Griñán. Solo faltaría indemnizarlos a todos, bajo el mantra de que no se enriquecieron personalmente, lo cual resulta irrelevante: poco importa si el dinero público acabó en los bolsillos del acusado si este lo dedicó a un fin distinto del legalmente previsto. Además, el malversador siempre sale ganando: gana poder. Ese poder y su conservación son lo único que explica una reforma que desprotege al Estado y deja al país en manos de quienes buscan desmontarlo.
