Su continuidad al frente de EH Bildu es una reafirmación de su pasado. Estas son las costuras del socio más leal de Sánchez
NotMid 16/10/2023
OPINIÓN
El historial policial de Arnaldo Otegi en su etapa como terrorista activo (1977-1987) que EL MUNDO empieza a desvelar hoy desnuda la inmoralidad de la consideración de EH Bildu como socio legítimo para la investidura de Pedro Sánchez y para la estabilidad de su legislatura. Aunque el coordinador general de la coalición abertzale se presenta como «un hombre de paz» con la complicidad interesada del PSOE, lo cierto es que Otegi fue involucrado en hasta nueve secuestros -hasta ahora solo conocía su vinculación con tres- y en la orden dictada para cometer un asesinato, según las declaraciones que en su día hicieron 12 de sus compañeros de armas y las diligencias que efectuaron las fuerzas del orden.
Otegi fue condenado por un único secuestro -el de Luis Abaitua- y nunca se ha arrepentido ni ha condenado el terrorismo. La responsabilidad principal es suya, pero solo la unidad de los demócratas puede empujar a Otegi y a su entorno a deslegitimar la violencia que ejercieron para imponer una Euskal Herria independiente y lingüísticamente excluyente. El PSOE ha roto esa unidad por pura conveniencia política, dentro de su estrategia de impedir la alternancia en el poder.
El blanqueamiento de EH Bildu y del propio Otegi, completado con la fotografía del presidente recibiendo sonriente a Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, supone la convalidación pública de una minoría política radical y tóxica que no condena el asesinato por motivos políticos, y en consecuencia, un golpe a la autoridad de las instituciones de efectos aún imprevisibles.
Los socialistas insisten en aplaudir que el mundo de ETA ya no mate, lo cual es un evidente motivo de alivio general. Pero su abandono del método terrorista, al que se vieron obligados por el Estado de derecho, no significa que los partidos constitucionales deban concederles el protagonismo político y el poder de negociación que hoy poseen. La doble vara de medir es grosera: si en lugar de antecedentes por terrorismo, Otegi tuviera antecedentes por violencia machista o estuviera procesado por corrupción, bajo ningún concepto se toleraría su papel como socio de gobierno. El desigual rasero opera también en las políticas de memoria: los esfuerzos del Gobierno (y de la Fiscalía de Dolores Delgado) se centran en las vulneraciones de derechos humanos de la dictadura, mientras se pone sordina a los más de 300 crímenes de ETA sin esclarecer.
La presencia de Otegi -también de David Pla, ex jefe de ETA, o de Aizpurua, condenada por enaltecer a ETA en el diario Egin– en la cúpula de la izquierda abertzale constituye en sí misma un mensaje político de reafirmación simbólica de su pasado. No solo no han condenado el terror ni ayudado a aclarar los atentados impunes, sino que aplauden a los etarras como a héroes y mantienen al frente de su partido a un hombre condenado por un secuestro y sospechoso de otra decena de delitos terroristas. Esas son las costuras profundamente inmorales del socio más leal del «bloque progresista» con el que Sánchez pretende mantenerse en el Gobierno.