NotMid 25/09/2023
EDITORIAL
La concentración organizada ayer por el Partido Popular en Madrid recibió un respaldo multitudinario en defensa de la Constitución y la igualdad de los españoles ante la deriva de Pedro Sánchez, quien ayer se mostró convencido de que «habrá gobierno socialista» gracias a sus pactos con los independentistas. El acto del PP, convocado justo antes del Pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo, previsto para mañana, excede los márgenes de un mitin de partido. Fue la expresión de una rotunda protesta ante la opacidad y la aquiescencia con la que el Gobierno asume la falta de límites en su voluntad de satisfacer a quienes en 2017 intentaron violar la soberanía nacional. Las previsiones de la cúpula del PP -esperaba 10.000 personas y se reunieron más de 65.000- se vieron desbordadas por la movilización en rechazo a la amnistía a los delitos del procés, posibilidad que el presidente de esta formación consideró una «cacicada incalificable». Después de que el 23-J no viera satisfechas sus expectativas, el PP exhibió un ejercicio de unidad y de músculo orgánico que permite a Feijóo encarar su investidura con el caudal de energía cívica que emana de los valores del patriotismo constitucional.
El líder del PP articuló ayer un discurso de arenga ante las cesiones de Sánchez al independentismo y sustentado en la permanencia de una nación en la que no caben «ciudadanos de primera y de segunda». Lo hizo arropado por todos los presidentes autonómicos del PP, como expresión del poder territorial adquirido por este partido tras el 28-M; y en presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy, una imagen de comunión con el pasado del centroderecha que contrasta con el desdén de la dirección socialista a la reivindicación de Felipe González y Alfonso Guerra del PSOE fundacional, coartífice del pacto de 1978 y refractario a ese empeño del PSOE del presente en polarizar la vida pública, tal como advirtió una Isabel Díaz Ayuso aclamada en las calles, alrededor de «dos bandos enfrentados».
Pese a que su investidura no tiene visos de prosperar, Feijóo se ve impulsado por la anomalía de que un presidente del Gobierno se abra a negociar su continuidad en el cargo con un prófugo de la justicia. Vicente Guilarte, presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, ha sostenido en EL MUNDO que «la amnistía política que se plantea es ajena al interés general». Supondría una inaceptable deslegitimización del Estado de Derecho con efectos lesivos para el erario. El Tribunal de Cuentas, tal como hemos informado, da por perdidos hasta 10,3 millones de euros por la amnistía en concepto de devoluciones por la malversación del procés.
La preservación de la unidad y la igualdad de los españoles ofrece a Feijóo un marco de autoridad moral y política antes de una investidura que debe aprovechar para solidificar un liderazgo comprometido con la cohesión nacional.