NotMid 01/11/2026
Editorial NotMid
Miseria moral. Es la combinación conceptual que mejor retrata la última rueda de prensa del ministro de Transportes. Bajeza, ruindad, mezquindad e indignidad encajan bien en el retrato, pero la «miseria moral» sintetiza a la perfección la paradoja del señor Puente: va sobrado del primer término y carece por completo del segundo.
Sostiene el ministro que no era su deber «estar al mando el martes». Obviaremos el detalle de que la tragedia ocurrió un miércoles, porque el problema de fondo es institucional: por ascendencia y responsabilidad del cargo, el titular de Transportes es el responsable último de todo lo que suceda bajo su paraguas.
Ya recurrió a un subterfugio similar tras lo ocurrido en Adamuz con aquel célebre «yo no soldé el raíl», una frase que elevó al cuadrado la indignidad con la que ejerce sus funciones.
Asegura también que no dimite porque su obligación es «estar al mando ahora», porque cuando puso su cargo a disposición del Ejecutivo, Pedro Sánchez le dijo que dimitir sería «injusto» y porque él «no perjudica al proyecto de país».
Afirma con rotundidad que carece de «tiempo y ánimo para pensar en la campaña electoral», pero sí encuentra tiempo —y la ruindad necesaria— para atacar a Ana Pastor por el accidente de Angrois en 2013, obviando el silencio que su propio partido guardó entonces para proteger al hoy lobista de referencia Pepiño Blanco.
Durante su comparecencia, el señor Puente desglosó un alarde de datos: que los Centros de Regulación y Control han pasado de 1.008 a 1.772 trabajadores; que el centro de Atocha duplicó su plantilla; que España encabeza el kilometraje europeo de alta velocidad con sistema ERTMS —mientras defiende que el fallido LZB es igual de fiable— y que el ASFA actúa como respaldo secundario.
Añadió que, si todo falla, «el hombre no está solo» porque los sistemas de posicionamiento funcionaron.
Hay que adolecer de una profunda insensibilidad para articular semejante retahíla con 115 fallecidos sobre la mesa.
Dice que nunca habló de «error humano», aunque atribuyó el accidente a «decisiones erróneas», ignorando que, al menos por ahora, las decisiones las toman personas.
Manifestó que no utilizaría a ningún trabajador como escudo ni prejuzgaría responsabilidades, pero terminó sugiriéndolo veladamente: «Yo no soy juez, pero no puedo omitir los hechos» o «¿Esto es un error? Yo qué quiere que le diga»
Llegados a este punto, los adjetivos se agotan.
Sorprende constatar la autocompasión que proyecta el propio titular de la cartera frente al dolor de las familias de los 69 muertos en Urda, los 46 de Adamuz, quienes aún buscan a sus allegados o las personas que sufrirán secuelas de por vida.
Frente a todas ellas, el ministro insiste en victimizarse: «Lo que voy a pasar no se lo deseo a nadie. Sé lo que me van a hacer pasar en campaña.
Lo fácil para mí es salir, pero no es lo que el presidente me ha pedido»
A pesar de que el accidente de Adamuz ocurrió a principios de año, la respuesta oficial se limita a afinar protocolos o implementar nuevos sistemas de verificación.
Nueve meses después de aquel suceso, y con la tragedia de Urda aún reciente, el ministro se atreve a «no descartar una auditoría completa» de la alta velocidad e incluso a sugerir un eventual cierre de la línea Madrid-Barcelona durante dos años para acometer obras de reacondicionamiento.
La deriva deja preguntas inevitables en el aire: ¿Cómo se ha alcanzado este nivel de atrincheramiento en la gestión pública y qué grado de condescendencia ciudadana permite que situaciones así se prolonguen en el tiempo?