María Auxiliadora Delgado Tabosky y su marido fueron detenidos hace más de tres años por su presunta conspiración e involucramiento en la financiación de terrorismo
NotMid 21/10/2022
ESPAÑA
“Por favor, le pedimos de corazón tomar cuantas acciones sean posibles, a través del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del canciller José Manuel Albares, para conseguir la liberación de nuestra hija”. Osman Delgado es el padre de María Auxiliadora Delgado Tabosky (46 años), presa política de Nicolás Maduro desde hace más de tres años. Junto a Ángela Expósito y Jorge Alayeto son los tres españoles que permanecen encarcelados en las mazmorras del chavismo.
Su llamamiento desesperado en Madrid se produce mientras en Caracas Hennit Carolina López, jueza especial para casos de terrorismo, última un proceso interminable contra María Auxiliadora y su marido, el militar Juan Carlos Marrufo, quienes fueron detenidos en marzo de 2019 acusados de financiamiento de terrorismo y asociación para delinquir, delitos que la propia Fiscalía revolucionaria desestimó en principio por falta de pruebas. Se les involucró en el caso del supuesto atentado con drones contra el mandatario.
El reclamo de la familia sucede semanas después de que el gobierno de Estados Unidos haya canjeado a los dos narcosobrinos de Maduro por siete presos políticos estadounidenses que el chavismo mantenía como rehenes en Venezuela.
Hasta ahora la Defensoría del Pueblo española ha admitido el caso de María Auxiliadora, que también fue presentado ante la Audiencia Nacional por la abogada que representa a la familia, la activista proderechos humanos Tamara Suju. Se da la circunstancia de que Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, fue denunciada ante la justicia española por Nicolás Maduro Guerra, el hijo del “presidente pueblo”, por injurias y calumnias. Nicolasito contrató a uno de los abogados del despacho de Baltasar Garzón, quien también ha defendido al magnate colombiano Alex Saab, principal operador financiero de la revolución y presunto testaferro del mandatario.
“Queremos que el gobierno de España responda por todos los españoles presos en Venezuela, que les defiendan como ha hecho Estados Unidos con sus nacionales”, insiste Suju.
La tortura blanca y el maltrato psicológico contra la pareja en los sótanos de la sede caraqueña de la DCGIM, considerado junto al Helicoide el mayor centro de torturas de América Latina, alcanzan límites inhumanos. Incluso Delgado y Marrufo sufrieron en octubre de 2019 una falsa liberación: tras 170 días con boletas judiciales de libertad que el DGCIM se negaba a cumplir, sus agentes los trasladaron en un vehículo en dirección a Valencia (a dos horas de la capital) cuando un operativo de las temidas Fuerzas Especiales de Maduro (FAES) les volvió a detener para presentarles ante otro juez con nuevas acusaciones, como traición a la patria.
“Papá, esto ya no lo aguanto más”, repite ahora Osman las palabras que su hija le dijo entonces, hundida tras la falsa liberación. “Fue la muerte para ellos, por su mente ha pasado quitarse la vida porque ven que no hay manera de salir de esto”, se lamenta.
Sirenas contra incendios que resuenan una y otra vez de madrugada en la denominada Casa de los Sueños, celdas de castigo a tres pisos bajo tierra con luces blancas constantes para perder la noción del tiempo, sin ver la luz del sol, sin respirar aire limpio… Incluso en los constantes traslados a los juzgados, a la pareja la encierran en unos sótanos debajo del aparcamiento, contaminados por el dióxido de carbono, donde se dificulta la respiración, plagados de mosquitos y ratas.
En el último traslado del miércoles les tuvieron en tal situación durante siete horas hasta que la jueza decidió a última hora que no tenía tiempo para ver su caso.
“Estamos viviendo esta agonía”, concluye Osman, a quien diplomáticos y funcionarios españoles le aseguran que están haciendo todo lo posible para conseguir su liberación. “Pero es muy lamentable que el gobierno no se pronuncie después de que el régimen no haya permitido las visitas de los diplomáticos a nuestros presos. ¿Por qué no lo denuncian?”, cuestiona Suju.
El objetivo de los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es desde el primer día conseguir la captura del hermano de la presa política, militar exiliado ahora en Estados Unidos. De los 245 presos políticos que existen hoy en Venezuela, 127 son militares. El plan de terror desplegado contra estos uniformados ha afectado directamente a sus familiares, también perseguidos, detenidos, incluso torturados en centros clandestinos, con la intención de amedrentar a quienes no comparten el credo bolivariano en el seno de las Fuerzas Armadas. De las 13 mujeres presas políticas, dos son españolas.
El ensañamiento contra el matrimonio Delgado/Marrufo es especialmente cruel. En los más de tres años desde la segunda “detención”, se les ha realizado 28 audiencias judiciales, muchas de ellas suspendidas por razones arbitrarias. Las presiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han conseguido que en las últimas semanas la jueza acelere el proceso, ya que además han transcurrido más de tres años de prisión preventiva que marca la ley.
Agencias