Entre el lunes y el miércoles están citados a declarar Aldama, Koldo García y la mujer del presidente
NotMid 16/12/2024
ESPAÑA
Se fueron dando pasos. Poco a poco se fue avanzando. Y así, de manera modulada, y al compás de investigaciones judiciales que situaban el haz de luz en La Moncloa, la crítica, el choque, se ha asumido con naturalidad. En la estrategia del Gobierno la confrontación con algunos jueces es una palanca más. Es un discurso que se ha instalado bajo la convicción de que existe una “campaña” contra Pedro Sánchez y su entorno familiar, que tendría el objetivo de tratar de derrocarlo.
La semana que hoy empieza está marcada en rojo para el Ejecutivo. Del lunes al miércoles pasarán por el juzgado, en este orden, Víctor de Aldama, Koldo García y Begoña Gómez. Los dos primeros declararán en el Supremo en el marco del llamado caso Koldo, mientras que la mujer del presidente del Gobierno se sentará ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga su relación con la Universidad Complutense de Madrid y varios contratos públicos, y la tiene imputada por cuatro delitos. Por si fuera poco, el viernes será la asesora de Moncloa que pidió fondos para la cátedra de Begoña Gómez la que está citada ante Peinado, en este caso como testigo.
Uno de los planteamientos que hacen en el complejo presidencial es que el mundo de la Justicia no ha completado, como sí hicieron otros sectores y poderes del Estado, una “Transición”, lo que hace que, según su criterio, exista una prevalencia de miembros con ideología conservadora.
“Es evidente que hay una campaña”. Es la reflexión que trasladan varios ministros respecto a decisiones judiciales de los últimos meses. En el seno del Ejecutivo y del PSOE existe la sensación de que sufren una “persecución”: “Vienen a por nosotros. Hay cierta evidencia: cada vez que hay un acto importante del Ejecutivo o del PSOE, sale un auto judicial”.
De ahí que, desde hace meses, la estrategia pase por mostrar “respeto” a las decisiones judiciales, pero no vacilar a la hora de entrar al choque, de confrontar y criticar. En La Moncloa explican que ellos respetan y predican la “separación de poderes”, pero que eso no implica que no se pueda “criticar” y poner en cuestión algunos de los pronunciamientos. El ejemplo que ponen es que la separación de poderes no implica que el poder legislativo, las Cortes Generales, no puedan criticar o cuestionar la labor del poder ejecutivo, esto es, el Gobierno. Y en base a ello, creen legitimada su estrategia. Eso ha provocado una escalada dialéctica en los últimos meses.
Los socialistas no vacilan en hablar de “causa política” y no judicial respecto a la investigación a Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado; usan expresiones como “frente judicial” o “cacería humana” desde los medios y en “sede judicial” contra Sánchez y el PSOE; creen que hay “magistrados que hacen activismo político”; o que hay jueces que están ayudando al PP en su estrategia de tratar de derrocar al Gobierno. “¿Hay alguna duda de que esto está sucediendo en nuestro país?”, se preguntaba ya en octubre Óscar Puente.
Acoso político y judicial
Un punto de inflexión se ha producido en los últimos días cuando Pedro Sánchez se mostró convencido de que hay una estrategia de acoso político y judicial contra él y su Ejecutivo, que cree está condenada al fracaso con el paso del tiempo porque ese tipo de actuaciones se van a volver en contra de los “acosadores” que las promueven cuando llegue el momento de las elecciones. O que el PP “juega con las cartas marcadas” por una supuesta connivencia con algunos jueces, que les permitiría tener información privilegiada sobre las investigaciones y decisiones judiciales.
Precisamente estas declaraciones del presidente del Gobierno motivaron que la presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, saliera en defensa de los jueces: “No cabe cuestionar de forma generalizada y permanente su labor ni atribuirles sesgos políticos”.
Esta subida de decibelios, asentada de manera clara en la estrategia socialista, ya se inició cuando tuvieron lugar los primeros pronunciamientos de los operadores judiciales sobre la Ley de Amnistía. Desde La Moncloa se exigía a los jueces “que la apliquen” porque “la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley”. Cuando el TS rechazó amnistiar la malversación de Puigdemont, desde el PSOE calificaron de “sorprendentes” las “consideraciones políticas” en su auto.
Esa “sensación de acoso” está asentada también en el argumento de que los socialistas creen que la mayoría de los jueces son conservadores. Sostienen que muchos de los sectores de la sociedad española han hecho una “Transición” en todas estas décadas de democracia, pero que en el ámbito judicial no se ha dado o, al menos completado.
Esta tesis ya la sostuvo el PSOE en 2021 cuando se comprometió a que la “democratización de las carreras judiciales debe servir para incrementar el pluralismo social en el seno del Poder judicial y romper inercias elitistas”. El argumento es promover la pluralidad de oportunidades, y de ideología, gracias a becas. Y a ello se puso el ministerio de Justicia en 2021.
Precisamente con Félix Bolaños como ministro de Justicia las becas SERÉ para opositores a juez, fiscal, abogado del Estado y Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) se han incrementado en 2024 un 52,7% respecto al año pasado, hasta alcanzar los ocho millones de euros, y casi un 400% más que el primer año.
Sesgos ideológicos en los jueces
Para argumentar la idea de que hay un escoramiento hacia la derecha, en el Gobierno ponen de ejemplo que la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia consiguió un 3% en las elecciones a las respectivas Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia frente a la asociación conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que se hizo con el 52% de los asientos. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por El MUNDO vinculan la escasa representación obtenida por este colectivo con el hecho de que hayan decidido hacer en los últimos años seguidismo del Ejecutivo y hayan renunciado a criticar los continuos ataques a los que se están sometiendo a miembros de la Carrera Judicial por parte del poder político.
Tratar de clasificar a la carrera judicial por sesgos ideológicos es, al menos, aventurado. De los 5.416 jueces que hay en activo según los datos del CGPJ sólo el 58% está asociado, no perteneciendo a ningún colectivo el 42%. Dentro de los 3.139 jueces y magistrados afiliados a alguna asociación hay cuatro colectivos donde se cubren todas las ideologías (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente).
En la actualidad, varios de los magistrados que han tenido protagonismo por intervenir en las causas más sensibles para el Ejecutivo son de sensibilidad progresista. Por ejemplo, el juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, estuvo asociado hasta 2016 a a Juezas y Jueces para la Democracia, la misma asociación a la que pertenece la presidenta Isabel Perelló.
Agencias