El magistrado Hurtado dicta el auto sobre Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez donde transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento
NotMid 09/06/2025
ESPAÑA
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado aprecia indicios sólidos contra el fiscal general del Estado por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso y decide enviarlo al banquillo de los acusados. Por primera vez en la historia de España, al máximo representante del Ministerio Público le corresponde ocupar en el proceso penal el lugar los presuntos delincuentes en vez de perseguir sus delitos.
El juez de la Sala Segunda, que da por concluida la instrucción, ha dictado hoy el auto donde transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado -el equivalente al procesamiento- contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos.
El instructor, que da por concluida la instrucción, también propone juzgar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que el fiscal general ordenó reclamar la noche del 13 de marzo de 2024 los correos confidenciales intercambiados por el letrado del empresario Alberto González Amador con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid.
Desde que el pasado mes de octubre, la Sala de lo Penal ordenó abrir causa al fiscal general y a la fiscal jefe madrileña el instructor Hurtado, con la ayuda de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha logrado acreditar a nivel indiciario que García Ortiz dirigió en primera persona la operación que acabó con la filtración a la Cadena Ser de un mail donde la defensa del novio de Ayuso admitía que su cliente había cometido “ciertamente dos delitos contra la Hacienda Pública”.
En el auto, el magistrado instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.
Además, en la resolución, el magistrado reprocha a García Ortiz el borrado masivo de sus dispositivos electrónicos en plena investigación judicial. “El desarrollo de la instrucción ha puesto de relieve que el investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos”. Hurtado subraya que el proceder del fiscal general se ha convertido en “un obstáculo en contra de una ágil investigación”.
Finalidad: “Ganar el relato”
Al nivel indiciario, Hurtado señala que, a su juicio, cabe presumir como hechos que “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando la información publicada en el diario EL MUNDO, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.
El instructor destaca que el referido correo de 2 de febrero de 2024 “contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, que han de presidir este tipo de conversaciones, como habría de ser en cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y que llevan aparejado un deber de discreción, por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”.
“Además -añade el juez–, la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado”.
“Una publicidad que no debió alcanzar”
El magistrado de la Sala Segunda indica que “todo ello fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida”.
Hurtado da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.
El pasado 16 de octubre, el Alto Tribunal decidió por unanimidad abrir causa a García Ortiz y la fiscal Pilar Rodríguez tras recibir una exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Agencias