La defensora de derechos humanos fue detenida el 8 de agosto tras una protesta en Caracas y enfrenta cargos de incitación al odio, conspiración y asociación para delinquir
NotMid 13/08/2025
IberoAmérica
La activista colombo-venezolana de derechos humanos Martha Lía Grajales fue excarcelada este martes en Caracas, tras pasar seis días detenida. A pesar de su liberación, el proceso judicial en su contra sigue abierto, por lo que enfrentará acusaciones de “incitación al odio”, “conspiración con gobierno extranjero” y “asociación para delinquir”.
Grajales, quien dirige la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto después de participar en una manifestación frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. La protesta fue convocada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que exigía la liberación de personas detenidas durante las manifestaciones postelectorales de julio. El esposo de Grajales, Antonio González, describió el proceso judicial como “arbitrario”
Grajales, directora de la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto después de participar en una manifestación frente a la oficina de las Naciones Unidas en la capital venezolana
Contexto de Represión y Críticas Internacionales
La Fiscalía venezolana ha acusado a Grajales de participar en acciones contra “las instituciones venezolanas”, con penas que podrían alcanzar los 30 años de prisión. Su detención se produce en un entorno de represión a las protestas que surgieron tras los resultados electorales, los cuales han sido cuestionados por la oposición y la comunidad internacional. Las movilizaciones dejaron un saldo de 28 muertos y más de 2.400 detenidos, según cifras oficiales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, había solicitado la “liberación inmediata” de Grajales. Por su parte, el gobierno venezolano, a través del dictador Nicolás Maduro, ha calificado a los detenidos en las protestas como “terroristas” y ha acusado a varias ONG de recibir financiamiento extranjero para “atacar con violencia” al país.
Grajales y su organización se han dedicado a documentar casos de detenciones arbitrarias y torturas. La Ley contra el Odio, que data de 2017, ha sido criticada por organismos internacionales por su uso para criminalizar la disidencia política. El resultado del caso de Grajales podría sentar un precedente para la labor de los defensores de los derechos humanos en Venezuela.