El resultado del juicio es una expresión de la fortaleza del Supremo. La condena interpela directamente al presidente del Gobierno
NotMid 20/11/2025
EDITORIAL
España es hoy la primera democracia occidental que cuenta con un fiscal general del Estado en activo condenado por cometer un delito de naturaleza política en el ejercicio de su cargo. Cada minuto que Álvaro García Ortiz ha permanecido en él desde la imputación ha representado un insulto a la neutralidad institucional y una advertencia sobre el severo deterioro de la calidad de nuestra democracia. La condena en el Tribunal Supremo por revelación de secretos interpela directamente al presidente del Gobierno: fue al servicio de la batalla que él mantiene con Isabel Díaz Ayuso al que se prestó el fiscal general para urdir una operación política en la que un pilar del Estado arrollaba los derechos de un ciudadano por tratarse de su pareja. Pedro Sánchez, que se atrincheró con él y exigió que se le pidiera «perdón», tiene una poderosa razón más para dimitir. El conflicto desatado y el insólito oprobio para la Fiscalía son responsabilidad suya.
Aunque la sentencia aún se desconoce en su integridad, el fallo es de una extraordinaria trascendencia histórica y política. García Ortiz es condenado a dos años de inhabilitación como fiscal general y será expulsado de la carrera, lo que le obliga sin remisión a abandonar un cargo al que se ha aferrado para descrédito de la Fiscalía y del conjunto de la institucionalidad española.
El resultado del juicio, por una holgada mayoría de cinco a dos, es una expresión de la fortaleza del Supremo. Frente a las narrativas alternativas impulsadas desde medios que se consideran «de referencia» y pese a las graves y continuadas injerencias del Gobierno, la Justicia ha actuado. Y se ha impuesto la fuerza de los hechos: hay un hilo directo que llevó los correos sensibles desde la Fiscalía General del Estado hasta el Palacio de La Moncloa para ser aireados y eso debería ser intolerable para cualquiera que crea en los derechos fundamentales. Cada uno de los documentos confidenciales pasó antes de acabar en la prensa por las manos del fiscal general, que «dominaba todo el proceso», como acreditó la Guardia Civil.
El caso ha sido también un ejemplo claro de la estrategia de ataque del «bloque progresista» a los medios de comunicación independientes. Pero el periodismo también ha prevalecido. EL MUNDO siempre ha mantenido una posición coherente y honesta en defensa de la verdad, el Estado de derecho y la legalidad. Y casi cada página de las diligencias que han sentado en el banquillo al fiscal general del Estado se abre con una exclusiva de este periódico, veraz y relevante. Ése es nuestro trabajo: el examen crítico del ejercicio del poder. Otros decidieron instalar a sus lectores en una disonancia cognitiva contra toda evidencia, dentro de una permanente huida hacia delante.
La Sala de lo Penal ha considerado probado que, como autoridad o funcionario público, García Ortiz reveló informaciones de las que tenía conocimiento por razón de su cargo y que en ningún caso debieron ser divulgadas. Eso es lo que estaba en cuestión; no la defensa de la «verdad» ni la victoria de un «relato» político. Y esta es la resolución firme del Supremo. El ministro de Justicia ha vuelto a desafiar al tribunal al hacer público su «reconocimiento» al trabajo del condenado y ha anunciado que el Gobierno nombrará a su sustituto.
Lo que ya ha empezado a percibirse es la perpetuación de la campaña de ataques a la Justicia que La Moncloa alienta desde los «cinco días de reflexión» de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer por corrupción. El Gobierno ha venido defendiendo al fiscal general sin matiz mientras caricaturizaba a los jueces como a un cuerpo mayoritariamente derechista. En el clímax de su deriva populista, el presidente irrumpió antes de finalizar el juicio declarando la inocencia de «su» fiscal general y utilizando como correa de transmisión a un periódico. La realidad es que el proceso ha sido absolutamente garantista, avalado por más de una docena de jueces en distintas instancias, y que la ejemplaridad del juicio es incuestionable. El acusado pudo disfrutar de los privilegios que le otorga su cargo, incluida la utilización de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para defenderle.
Álvaro García Ortiz fue declarado inidóneo por el CGPJ y se despide ahora condenado por un grave delito indisociable de su servilismo a los intereses de La Moncloa. Por eso, su condena le trasciende. El juicio sin precedentes contra el fiscal general era el juicio al «muro» erigido por Sánchez como germen de la discordia social. Y su inhabilitación como fiscal general es la inhabilitación moral y política del Gobierno al que ha servido rebasado los límites de la ley. La histórica condena al fiscal general de Sánchez es la inhabilitación de la tóxica concepción patrimonial del Estado que practica el presidente.