Su designación como fiscal de Sala del área en la que está especializado Garzón sería un abuso de poder sin precedentes
NotMid 08/06/2023
EDITORIAL
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, tendrá que decidir este jueves si su trayectoria de funcionario público queda marcada para siempre por haber protagonizado una indecencia democrática. El nombramiento de su predecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática constituiría un abuso de poder sin precedentes. Por razones de evidente prudencia y respeto institucional, nunca se había designado a una fiscal de Sala, la categoría más alta y la más influyente sobre la política criminal del Estado, después de que el Gobierno de turno hubiera anunciado la disolución de las Cortes y la entrada en periodo electoral. Pero, además, la cantidad de circunstancias anómalas que rodea este caso mueve a algo peor que una sospecha y obliga al Consejo Fiscal a una reacción que detenga el deterioro de la institución.
García Ortiz convocó a toda prisa el Consejo Fiscal preceptivo para adoptar esa resolución, apenas dos horas después de que Pedro Sánchez compareciera por sorpresa para adelantar las elecciones. Delgado es para el fiscal general una amistad muy estrecha, a la que le une también una plena sintonía ideológica y asociativa, y sobre todo es la persona a la que él mismo le debe su ascenso fulgurante. A nadie se le escapa tampoco que la plaza fue creada ad hoc por el Gobierno, con nombre y apellidos predeterminados, para buscarle a ella un acomodo a su gusto y recompensarla por los servicios prestados.
Ahora bien, por si todo ello pareciera poco, nos adentramos en el sendero tenebroso que conduce a un conflicto de intereses de mayores dimensiones y peores consecuencias cuando añadimos la íntima relación de Delgado con el ex juez Baltasar Garzón, responsable de un despacho especializado en las mismas materias que van a ser competencia de la fiscal de Sala porque ella así lo ha planteado en su programa de actuación. Es de conocimiento público que la ex fiscal general es pareja de Garzón, que ha convertido tan nobles causas en un negocio enormemente lucrativo de facturación millonaria. Como quien se encuentra de bolos, ambos vienen dando juntos charlas y conferencias sobre Derechos Humanos y Memoria Democrática desde hace meses. Esta exhibición hace de ella una candidata absolutamente inidónea y manifiestamente incompatible para el desempeño de sus funciones.
Si el nombramiento se produce, la desviación de poder está servida. Ninguna de las decisiones de primera hora de Pedro Sánchez fue tan elocuente de su inclinación populista como la designación de su ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Ahora se trata de que ejerza una oposición militante desde el Tribunal Supremo si hay un cambio de Gobierno. Pero la higiene democrática exige unos límites de ética pública. García Ortiz debe saber que está en juego su dignidad moral. La amplia mayoría de vocales del Consejo Fiscal se manifestará en contra, pero, como su opinión no es vinculante, su responsabilidad será evitar que se cometa esta arbitrariedad con todos los métodos que establece la ley. Es lo que los ciudadanos merecen.