NotMid 22/09/2026
ESPAÑA
“Soy diplomático de la embajada de Venezuela en España”. Con esa frase, el viajero intentó burlar el control aduanero en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 8 de septiembre. No sirvió de nada. Agentes de la Guardia Civil, que ya le seguían la pista tras un comportamiento previo que había levantado sospechas, abrieron su equipaje para descubrir un cargamento de 50 kilos de cocaína, según confirman fuentes conocedoras del caso a este diario.
De la terminal aérea, el arrestado pasó directamente a los juzgados de Plaza de Castilla. Allí permanece abierta una causa bajo estricto secreto sumarial para esclarecer el canal de distribución de la droga, identificar a posibles cómplices y determinar si este no fue más a allá de un viaje piloto, dado que los investigadores manejan la hipótesis de que el sospechoso ya hubiera empleado este modus operandi en ocasiones anteriores.
Tras el arresto, el juez citó a declarar a varios trabajadores de la legación diplomática venezolana en Madrid. Sus responsables ante el tribunal marcaron distancias de inmediato, recalcando que el detenido no era sino un exfuncionario. Aunque fuentes policiales apuntaron en un primer momento que había ejercido como cónsul, este extremo no ha sido oficialmente ratificado. La embajada precisó que el individuo llevaba dos años desvinculado por completo de la representación diplomática y sin desempeñar cargo alguno.
Crónica intentó obtener la versión de la legación venezolana, que optó por declinar cualquier tipo de explicación. Su portavoz evitó aclarar cuestiones clave, como la naturaleza de su antiguo puesto, la fecha exacta de su cese, los motivos de su salida —o si llegó a ser despedido— y las circunstancias por las cuales habría conservado documentación oficial durante los últimos dos años, presuntamente, de forma irregular.
Máximo secretismo y antecedentes en la sombra
A la espera de que avancen las diligencias judiciales, la investigación se desarrolla con absoluto hermetismo en torno a lo que, en principio, se perfila como un episodio aislado de alcance aún por determinar.
El uso de coberturas diplomáticas y valijas consulares como pantalla para el narcotráfico cuenta con precedentes sonados. Hace un par de años, la embajada de España en Venezuela se vio salpicada por un escándalo de características similares: el chófer de un diplomático, en complicidad con un acompañante, empleó el vehículo oficial del funcionario para intentar introducir 200 kilos de marihuana y cocaína a través de la frontera con Colombia. El plan se frustró cuando la Guardia Nacional Bolivariana interceptó el automóvil —previamente denunciado como robado— y el jefe del Estado Mayor del Comando Nacional Antidrogas, Leonario Quintero, difundió públicamente las detenciones.
Aquel episodio recordó inevitablemente al ocurrido en 2013 en Nairobi (Kenia), cuando el juicio por el asesinato de la embajadora en funciones Olga Fonseca dio un giro copernicano al testificar un chófer que la legación utilizaba la valija diplomática para el tráfico internacional de estupefacientes. Mucho más atrás en el tiempo, en el plano político y judicial de alto nivel, el Departamento de Justicia de EE. UU. imputó a Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico, acusándole de haber comercializado pasaportes diplomáticos entre 2006 y 2008 con capos del cartel de Sinaloa para blanquear capitales desde México.
Sin embargo, el caso actual se desmarca de aquellas tramas estructurales. Todo apunta a las andanzas de un particular —un exfuncionario aferrado a una credencial caduca o indebida— que habría operado al margen de la embajada. Mientras la Guardia Civil y los juzgados de Plaza de Castilla profundizan en el sumario, la peripecia del falso diplomático sigue bajo siete llaves.
Agencias