Nadie va a creer que el doble colapso mortal de la Alta Velocidad responde a un desgraciado azar. La tragedia representa el coste humano de un sistema político que ha subordinado la eficacia del Estado a la conservación del poder
NotMid 01/11/2026
OPINIÓN
JOAQUÍN MANSO
La reportera Ana María Ortiz me enseñó el miércoles el vídeo que había grabado el farmacéutico de Urda apenas unos minutos después de la catástrofe y que tan bien describió ella en el periódico del día siguiente: «Al fondo, donde el campo de almendros, algo alejados del amasijo de hierros y de los cadáveres -hay muchos cadáveres-, decenas de pasajeros están sentados en el suelo, recostados sobre los árboles o caminando sin un rumbo aparente». Esa escena de desolación, en la que la vida y la muerte se confundían en silencio entre aceros humeantes y cuerpos mutilados, era inevitablemente evocadora de la atmósfera trágica y fantasmagórica de las primeras imágenes tras el 11-M.
El viernes, cuando la periodista localizó a los dos protagonistas vivos de la secuencia de solidaridad y compañerismo en medio del drama que ayer publicamos, volví a contemplar, varias veces, esa película desgarradora de las 69 vidas truncadas en una infraestructura básica del Estado. Y aún bajo el impacto de la entereza de Mario, ensangrentado, hablando por el teléfono que le acercaba José Ramón -«dile a Maite que estoy vivo, que la quiero, que quiero a los niños»-, me senté a ver la rueda de prensa de Óscar Puente.
Me resultó una disonancia moral que la misma persona que aparecía pendenciera y desafiante nueve meses después de haber eludido cualquier responsabilidad por otro desastre similar en Adamuz fuera el ministro que tendría que hacerse cargo de la conmoción si los conceptos de servicio público e interés general conservasen algún valor. Ocho años bajo la cultura política del sanchismo han provocado una inversión ética de las bases de la convivencia: no hay otra emoción política que el resentimiento. Llevan tanto tiempo confundiendo el Gobierno con la batalla política que ni siquiera las circunstancias más desdichadas consiguen alterar su lenguaje.
Desconectado del humor social, ajeno al shock nacional, todo en el tuitero Puente era puro cálculo electoral y volverá a serlo el martes en el Congreso. Cada una de las provocaciones, convenientemente teatralizadas, el victimismo narcisista, la normalización del fallo sistémico… El último servicio a Sánchez de su adlátere más conspicuo consistirá en absorber la indignación ciudadana, concentrar el desgaste político y desviar la atención del presidente del Gobierno, el responsable verdadero del «proyecto de país» por el que Puente se entrega. Qué expresivo de su manera de entender el poder que en la hora de abandonarlo hayan dejado caer el Estado sobre la cabeza de uno de sus trabajadores, escarnecido porque tiene que haber un «error humano» que encubra tanta incompetencia.
La tragedia de Urda representa el coste humano de un sistema político que ha subordinado la eficacia del Estado a la conservación del poder. El precio de «tanto sectarismo, tanta ineficacia, tanta mentira y tanto desprecio», como escribía Arcadi. España ha encadenado en muy poco tiempo calamidades que creíamos propias de una idiosincrasia ya superada, siempre con la misma sensación de Estado ineficaz o ausente. Nadie va a creer que el doble colapso mortal de la Alta Velocidad, después de años de lento deterioro, responde a un desgraciado azar.
La polarización y la discordia inducidas como vectores principales de la vida pública son algo más que un clima político tóxico: son el obstáculo para que las cosas funcionen. El no es no es el disolvente que está corroyendo el país. Sin proyecto compartido no hay respuesta a los problemas reales. Y sin Presupuestos se renuncia a ordenar las prioridades de inversión, mientras el récord de recaudación alimenta redes clientelares. El sanchismo ha parasitado los órganos de gestión con perfiles elegidos por su identificación partidista que los han convertido en comités de agitación y campaña. Y ahora es incapaz de proteger la vida de sus ciudadanos. La dirección de seguridad de Adif depende de un periodista. La corrupción es causa y consecuencia: el Ministerio de Transportes fue el primer objeto de deseo de Ábalos y Cerdán desde el día de su asalto al poder.
Tres crisis asuelan España -nacional, institucional y material- y convergen en una: la crisis de confianza en el funcionamiento del Estado. Sánchez convocó las elecciones porque era cuestión de tiempo que los ciudadanos conectasen su precariedad y el deterioro imparable de los servicios públicos con su forma de gobernar. Por eso diseñó una campaña frívola y alejada del balance de gestión, centrada en el sentimentalismo identitario y la negación de la alternancia, con el presidente y su esposa como protagonistas de un psicodrama romántico. Risas. insultos y vida sexual. Urda los saca brutalmente de esa realidad virtual: Sánchez tendrá que rendir cuentas de ocho años en los que la deslegitimación del adversario ha sustituido a la responsabilidad de gobernar. Las primeras encuestas darán la medida de su desgaste. Y el nuevo espíritu de los tiempos exigirá eficacia y altura de miras para superar el sectarismo. El 29-N premiará más tecnocracia y menos adoctrinamiento. Porque lo esencial es que España funcione.