Se ha perdido un tiempo valioso a la hora de actuar contra el círculo íntimo y empresarial de Putin desde España.
NotMid 12/04/2022
EDITORIAL
Los paquetes de sanciones económicas que hasta la fecha la comunidad internacional ha desplegado contra el régimen de Vladimir Putin han demostrado poseer una efectividad en la que no muchos confiaban. Hasta el mismísimo Fondo Monetario Internacional ha admitido que la bancarrota de Rusia ya no es un evento improbable -a raíz de las medidas aplicadas- y que el país sufrirá una recesión profunda por la guerra que ha desatado en Ucrania. «No es que Rusia no tenga dinero», explicó hace semanas Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, sino que las sanciones impiden a Rusia usar este dinero.
La presión financiera ha surtido efecto y hoy es un instrumento clave en el devenir del conflicto, alcanzando una envergadura que sobrepasa lo simbólico para adquirir la categoría de arma necesaria y complementaria a la ayuda militar que se presta a la resistencia ucraniana. Se han revelado como determinantes las sanciones personales contra Putin, contra su entorno familiar y contra todos los oligarcas rusos que de manera visible o desde la sombra sirven de tentáculos del autócrata por el mundo. Por eso resulta tan fundamental que los diferentes Estados dispongan de todos los mecanismos legales que contemplan sus legislaciones para intensificar tal efecto. Y por ello, una vez más, hay que lamentar la escasa fortuna y acierto con la que ha legislado el Gobierno.
Como informamos hoy en exclusiva, se ha perdido un tiempo valioso a la hora de actuar contra el círculo íntimo y empresarial de Putin desde España. El 29 de marzo se publicó el Real Decreto Ley 6/2022 mediante el que se adoptaban actuaciones urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Pero como nos hacemos eco en nuestras páginas, tal texto es insuficiente a la hora de paralizar la actividad financiera de los oligarcas rusos. Así lo denuncia el Consejo General del Notariado, organismo que representa a nivel nacional a los más de 2.800 notarios españoles. Los fedatarios públicos plantean que con el marco legal actual sólo se puede actuar de forma directa contra los bienes en territorio español a nombre de personas físicas o jurídicas.
No existe, por tanto, capacidad para bloquear por ejemplo la compraventa de sociedades o cualquier tipo de transmisiones onerosas o gratuitas, como pueden ser las donaciones, así como cualquier otro negocio jurídico. Lo que ocurre es que los magnates al servicio del Kremlin pueden burlar numerosas prohibiciones vendiendo a testaferros sus sociedades anónimas sin consecuencias. Para evitar estas operaciones opacas, sería fundamental que todo movimiento deba constar en documento notarial, como reclama el organismo. Así quedaría siempre registrado quién interviene en las transmisiones. Una medida lógica.
Por desgracia, forma parte del estilo tradicional de legislar de este Gobierno hacerlo a toda prisa, sin consultar antes de actuar con quien puede contribuir a afinar sus leyes, y con enormes dosis de discrecionalidad.
ElMundo