El Gobierno negocia las nuevas cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia, subirá las pensiones con el IPC y lanza la mayor oferta de empleo público
NotMid 15/06/2022
ESPAÑA
En la recta final de la legislatura, el Gobierno ultima medidas para atraer a 16 millones de votantes, entre autónomos (3.343.362), funcionarios (2.728.749), pensionistas (8.989.652) y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (al menos 1,2 millones).
Muchas de estas medidas se encuentran en la recta final de negociación o confección, como la reforma de las bases de cotización de los autónomos que, si bien subirán para el 22% de los trabajadores por cuenta propia que más cobran, según el último borrador al que ha tenido acceso este diario, están destinadas a aliviar la factura en cotizaciones de aquellos que menos ingresan. Solo en el tramo de menor renta hay 1,3 millones de miembros del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA), según cálculos de UPTA.
Recta final de la negociación con los autónomos
Este viernes volverán a reunirse las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia –ATA, UPTA, Uatae– con los representantes del Gobierno, patronal y sindicatos para buscar un acuerdo sobre las cotizaciones con visos de que el proyecto pueda llegar al Congreso antes del próximo 30 de junio.
No solo buscan las asociaciones una rebaja en las cotizaciones de los autónomos de los tramos de menores ingresos, sino también una mejora en el régimen del cese de actividad aún por consensuar y determinar que incluya una modalidad de cese por causas sectoriales en aquellos ramos más vulnerables desde el punto de vista económico.
Por otra parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene sobre la mesa la propuesta de los autónomos para mejorar la deduciblidad de los gastos de manutención, ya que uno de cada cinco trabajadores por cuenta propia tiene problemas para rebajar su factura del IRPF por gastos de comida afectos a la actividad.
Subida de las pensiones con el IPC
En cuanto a los pensionistas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recalcaba este lunes su voluntad de cumplir la letra de la ley aprobada el pasado diciembre -la primera fase de la reforma de las pensiones- y elevar las pagas el año que viene con la inflación media anterior, que el Banco de España prevé se ubique en el 7,5%.
En la segunda fase de la reforma de las pensiones, las medidas que le quedan pendientes en el último tramo del año al Gobierno son la fijación del periodo de vida laboral computable para el cálculo de la pensión, lo cual no afecta a los casi nueve millones de actuales pensionistas, así como calibrar de qué manera se llevará a cabo el destope de cotizaciones y de la pensión máxima que permitirá a alguna parte de trabajadores acceder a pensiones mayores de las que ahora aspiraba.
Oferta de empleo público histórica
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público, de 44.787 plazas, para cubrir las jubilaciones masivas que se avecinan en las Administraciones Públicas. Y aunque los funcionarios (2,7 millones) siguen denunciando la pérdida de poder adquisitivo que acumulan, este año se les han subido las retribuciones el 2% -frente al 0,9% de 2021-.
Y, según ha podido saber, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 contemplaría de nuevo una subida de ese porcentaje el año próximo para pasar a partir del siguiente ejercicio a efectuar subidas vinculadas al Índice de Precios de Consumo (IPC) que para entonces se prevé de menor cuantía que el actual, cuya aceleración a finales de 2021 fue agravada por el conflicto bélico en Ucrania y el consiguiente aumento de los costes de la energía y materias primas.
Dos medidas inminentes en el IMV
Por otra parte, Escrivá ha anunciado que en las próximas semanas se activarán dos grandes medidas para completar la configuración del Ingreso Mínimo Vital (IMV): el sello social y el incentivo al empleo. Actualmente la prestación ha llegado a 1,2 millones de beneficiarios, y la voluntad del Gobierno es que contemple más casos de riesgo de pobreza o exclusión social y el caso de las familias monoparentales principalmente cuando la cabeza de familia sea una mujer.
El sello social que lanzará el Gobierno, según el anuncio de Escrivá, pretende facilitar la colaboración con empresas para favorecer la inclusión de los beneficiarios de la prestación; y se prevé que vaya acompañado de incentivos al empleo que promuevan la incursión en el mercado laboral de los perceptores de la renta mínima.
Con todas estas actuaciones, el Gobierno lanza medidas para un caladero de votos de 16.360.550 millones de votantes, incluyendo las plazas de empleo público ofertadas, mientras ha renunciado a evaluar la eficiencia y abordar una reducción del gasto público y sigue sin rebajar los impuestos. Al contrario, se encuentra en récord de recaudación gracias a la elevada inflación, del 8,7% en mayo, que permite a impuestos indirectos como el IVA recaudar más por mero efecto base -gira sobre precios mayores- y por no deflactar -ajustar al IPC- las tablas del IRPF, lo que supone un alza tributaria indirecta para la que no ha precisado subir los tipos de interés.
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