La visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz al fugado ha sentado mal en el Supremo
NotMid 25/09/2023
ESPAÑA
El ex presidente fugado de la Generalitat Carles Puigdemont se ve en condiciones de ganar la batalla legal que mantiene activa con el Tribunal Supremo desde el año 2017, cuando huyó escondido en un vehículo de España para evitar ser detenido tras haber proclamado de forma unilateral la independencia de Cataluña.
Sabedor de que el viento sopla a su favor, ya que en sus manos reside la llave de la gobernabilidad del país, el prófugo de la Justicia cree que, aunque el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, vuelva a cursar una euroorden contra él, «ningún país europeo lo va a detener». Así lo afirman fuentes cercanas a Puigdemont consultadas.
En la actualidad, el juez mantiene activa la orden nacional de detención contra el ex presidente catalán, razón por la que Puigdemont no ha vuelto a Cataluña en los últimos seis años. Tras la derogación de la sedición, el ex president está pendiente de ser juzgado por los delitos de desobediencia y malversación agravada de caudales públicos por el 1-O.
El martes, el juez Llarena dictó una providencia donde dio un plazo de 10 días a la defensa de Puigdemont, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, para que justificara si ha recurrido la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de retirarle la inmunidad. Además, el instructor pidió que le informara de si ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que suspenda la citada sentencia mientras se tramita su recurso.
SIN PLAZO LEGAL
Fuentes jurídicas explican que el ex president carece de plazo legal para presentar medidas cautelares contra el fallo que ratificó la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio al Supremo; medida clave para poder perseguirlo penalmente.
Sin embargo, los tiempos de Puigdemont no son los mismos que los del Supremo. El juez Llarena decidió en julio no cursar una nueva euroorden contra el fugado -en contra de lo solicitado por los fiscales del procés– a la espera de conocer si el ex president recurría al TJUE. Tras haber emitido y retirado en distintas ocasiones órdenes europeas de detención contra el prófugo, el magistrado optó por actuar con prudencia antes de cursar otra OEDE.
Aunque las últimas decisiones judiciales en Europa han sido varapalos para Puigdemont -primero, la resolución de la Eurocámara de aceptar cursar el suplicatorio contra él y, posteriormente, el fallo de la Justicia europea ratificando esta decisión-, en el Supremo están muy presentes los desplantes que países como Bélgica o Alemania han tenido con España en los últimos años cuando tuvieron que acceder a la entrega del ex presidente de la Generalitat.
El magistrado ha decidido mover ficha ahora -una vez finalizado el plazo para recurrir el fallo europeo- después de que trascendiera que Puigdemont no había solicitado medidas cautelares al TJUE. Si el ex president no atiende a la petición del juez en tiempo y forma o si finalmente decide no presentar cautelares -escenario muy improbable-, el juez Pablo Llarena está decidido a cursar una nueva euroorden contra Puigdemont, indican fuentes jurídicas.
TRANQUILIDAD DEL FUGADO
Pese a ello, en el entorno del ex presidente transmiten absoluta tranquilidad. El huido es consciente de que está ganando la batalla del relato político. Pedro Sánchez necesita los votos de Junts para su investidura y Puigdemont exige una amnistía política exprés, que borre los delitos del procés. El presidente del Gobierno en funciones ha sugerido que está dispuesto a concederla: «Seré coherente con la política de normalización en Cataluña», sostuvo el también líder del PSOE la semana pasada en Nueva York.
Además, la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, a Bruselas el pasado 4 de septiembre fue un punto de inflexión. El entorno del ex presidente de la Generalitat estaba eufórico tras el encuentro con la vicepresidenta, admitiendo en privado que la reunión les beneficiaba procesalmente.
En cambio, la visita de Díaz sentó como un jarro de agua fría en el Alto Tribunal. Las fuentes jurídicas consultadas se mostraron muy críticas con el hecho de que un miembro del Gobierno de España acceda a reunirse con un prófugo de la Justicia española y «lo legitime» sin disimulo.
Por otro lado, en el Supremo existen serias dudas de que una amnistía a cambio de votos pueda ser constitucional. No obstante, la última palabra recaerá en el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, pese a que la Sala Segunda del TS podría paralizar, a priori, la ejecución de la amnistía.
Agencias