NotMid 13/07/2026
USA en español
Dos días después de conmemorarse el quinto aniversario del estallido social del 11-J, Estados Unidos ha redoblado su presión sobre La Habana. El Departamento del Tesoro ha incluido este lunes en su lista negra a una decena de organismos estatales, empresas clave y cuerpos de seguridad implicados en la violenta represión de las protestas de 2021.
Bajo el epígrafe Más sanciones a las fuentes de financiamiento y herramientas de opresión del régimen cubano, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha señalado directamente a las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) y las Milicias de Tropas Territoriales (MTT).
Estas entidades fueron piezas clave tras la orden de “combate” emitida por el presidente Miguel Díaz-Canel. Las BRR, creadas originalmente en 1994, han sido denunciadas por el uso de fuerza bruta contra manifestantes pacíficos, mientras que la ACRC ha sido identificada como una pieza fundamental en la ejecución de “mítines de repudio”, actos orquestados por el Estado para intimidar a la disidencia bajo la apariencia de una supuesta indignación popular.
“Estas sanciones envían un mensaje claro: no habrá impunidad para quienes ejecutan la represión”, explica Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). “El régimen ha intentado presentar a estas brigadas como expresiones espontáneas del pueblo, cuando en realidad operan bajo instrucciones directas del Partido Comunista y la policía política”.
Con este movimiento, Washington suma ya 240 sanciones en lo que va de año, cumpliendo con la advertencia lanzada el pasado mayo. La ofensiva económica llega en un momento delicado para La Habana, que ha encomendado a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo —nieto de Raúl Castro—, la gestión de las estrategias para salvar a la Revolución del colapso actual.
Entre los nuevos objetivos destaca el Ministerio de Turismo, sector que el régimen intentaba utilizar como tabla de salvación, pero que atraviesa una crisis aguda agravada por los constantes apagones y brotes epidémicos. Las cifras confirman el declive: durante el primer trimestre de 2026, la llegada de visitantes extranjeros cayó un 48%, registrando menos de 300.000 ingresos.
Finalmente, el conglomerado militar GAESA continúa en el punto de mira estadounidense. Entre las entidades sancionadas figuran su presidenta, Ania Lastres —vinculada estrechamente al círculo de Rodríguez Castro—, la Corporación Antillana Exportadora (ANTEX) y las empresas energéticas COREYDAN S.A. y ENETEC.
AGENCIAS