NotMid 22/06/2026
ESPAÑA
Primera sentencia firme de un gran caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; a 19 años a su exasesor, Koldo García; y a cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama en el marco del ‘caso mascarillas’, según informan fuentes jurídicas. Ábalos y García han sido considerados culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En el caso de Aldama, la Sala ha apreciado la atenuante muy cualificada de confesión debido a su colaboración veraz y real con la Justicia. Por ello, el Alto Tribunal ha acordado rebajar su pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y cohecho continuado. Esta era la medida que defendía el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pero que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, impidió solicitar formalmente. Además, la Sala ha suspendido la ejecución de la pena de prisión para el empresario bajo la condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Los acusados asistieron de forma telemática y presencial a la lectura pública del fallo, realizada por la letrada de la Administración de Justicia. Ábalos y Koldo lo hicieron por videoconferencia desde el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), mientras que Aldama compareció en persona. A este último se le vio visiblemente emocionado al escuchar el dictamen, fundiéndose en un abrazo con su abogado, José Antonio Choclán, artífice de que no ingrese en prisión gracias al acuerdo de colaboración.
Unanimidad en la Sala
La resolución, adoptada por unanimidad de los siete magistrados que integran el tribunal, determina que los tres acusados conformaron una organización criminal con un claro reparto de funciones para cometer graves delitos de corrupción.
La Sala considera probado el “pelotazo” de las mascarillas en el peor momento de la pandemia de la Covid-19. La sentencia recoge cómo Ábalos favoreció al empresario Aldama a cambio de que este sufragara su alto nivel de vida, costeando, entre otros gastos, el piso de lujo de su expareja Jésica Rodríguez en la Plaza de España de Madrid. Asimismo, se consideran probados los “enchufes” de amistades íntimas del exministro en empresas públicas dependientes de Transportes.
La investigación también acreditó una remuneración mensual de 10.000 euros para los “gastos fijos” de Ábalos, un contrato de arrendamiento con opción a compra de un inmueble en Madrid, y el alquiler de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción bajo la misma modalidad. Estas prebendas estuvieron vinculadas a gestiones para la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.
En la resolución, la Sala destaca el “grave deterioro” de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, advirtiendo que este fenómeno socava la arquitectura democrática del Estado.
“En muchos casos, supone un mecanismo de acceso, mantenimiento o explotación del poder para fines ilícitos: desmantelar controles institucionales, apropiarse de recursos públicos, manipular decisiones administrativas o condicionar políticas públicas en beneficio propio o de terceros. Su gravedad radica en que erosiona los fundamentos del Estado democrático (…). Y su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”, recoge la sentencia.
Una organización criminal desde el poder político
La Sala señala que, en este caso, quien transgrede las reglas del cargo es una autoridad de especial relevancia estatal, dada su doble condición de ministro del Gobierno de España y secretario de organización del partido mayoritario de la coalición.
El tribunal subraya que estos actos no solo buscaban el lucro personal, sino que se ejecutaron desde el propio ejercicio del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales. De esta manera, advierte el Supremo, no se trata de simples delitos patrimoniales cometidos por “malos servidores públicos” de forma ocasional, sino de conductas con un potencial desestabilizador mucho mayor por su conexión directa con la autoridad política.
“La corrupción, en estos supuestos, opera como un fenómeno que distorsiona la finalidad del poder, debilita los contrapesos institucionales y compromete la igualdad de los ciudadanos ante la ley”, añade el Alto Tribunal, coincidiendo con el informe final del Ministerio Público, que alertó de que estas prácticas “carcomen” el sistema democrático.
Desde el pasado 27 de noviembre, el exministro Ábalos y su antiguo asesor Koldo García se encuentran internos en la prisión de Soto del Real, donde cumplirán sus respectivas penas de privación de libertad.
Agencias