El presidente recurre a argumentos falsos para justificar la derogación del delito de sedición, que desautoriza la sentencia del Tribunal Supremo y desprotege al Estado frente a futuros ataques
NotMid 12/11/2022
EDITORIAL
La mentira es una forma nociva de gobernar. Pedro Sánchez se presentó a las elecciones asegurando que la conspiración para la proclamación de la independencia de Cataluña y su propia declaración en 2017 constituyeron un delito de rebelión, y prometió endurecer las penas asociadas a él. Cuando su mandato pasó a depender de ERC, dio un giro de 180 grados prometiendo rebajar el delito de sedición, por el que los líderes independentistas fueron efectivamente condenados. Hoy, cuando sabemos en qué términos se producirá ese cambio del Código Penal, Sánchez y el PSOE han vuelto a recurrir a argumentos falsos para justificar una reforma que no es una simple rebaja de penas, sino la derogación del propio delito.
Es falso que España tenga que adaptarse a los estándares europeos en esta materia. En el resto de la UE este tipo de hechos no son condenados de forma más laxa: así lo subrayó el Tribunal Supremo en su escrito de rechazo a los indultos de Oriol Junqueras y los otros ocho condenados. Es falso también que la tipificación de la sedición corresponda a una redacción del año 1822: el Código Penal, con Felipe González en el Gobierno, data de 1995. Y es igualmente falso que al Ejecutivo le muevan razones de bien público. Solo su voluntad de conservar el poder puede explicar un volantazo tan drástico y con unos efectos tan trascendentales sobre el Estado de Derecho.
La eliminación del delito de sedición y la creación de uno nuevo de desórdenes públicos agravado implica sostener que el ataque al orden constitucional anunciado y perpetrado por ERC y Junts no fue más que un problema de orden público que no atentó contra los derechos y libertades fundamentales ni contra la indisolubilidad de la nación, es decir: contra el espacio en el que todos los españoles somos ciudadanos iguales ante la ley. En segundo lugar, pactar la redacción de ese delito con quienes lo han cometido por su condición de socios del Gobierno es insólito y propio de los regímenes autoritarios. Qué se habría dicho de un Gobierno del PP si hubiera eliminado los delitos de asociación ilícita o cohecho para beneficiar a los condenados de la trama Gürtel.
La confusión sobre cómo afectará el cambio a los indultados y a los huidos se suma además al mensaje que el Gobierno envía a Europa: cuando están vivos los recursos de los condenados ante Estrasburgo bajo el argumento de que sus penas fueron desproporcionadas, España les da la razón al eliminar el delito por el que fueron castigados. A ello se añade la perversión de la fórmula elegida: una proposición de ley que acorta el proceso legislativo medio año a costa de evitar los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
La decisión del presidente aboca a España a un deterioro institucional aún más hondo del que ya ha causado. Desautoriza la sentencia del Supremo, desprotege al Estado frente a futuros ataques y deja a sus instituciones al albur de los partidos que prometen «volverlo a hacer».
Dos preguntas quedan abiertas ahora: qué dirá el PSOE ante una decisión que pervierte su naturaleza como partido de Estado, y cuál será el próximo paso, a tenor del cumplimiento que está demostrando Sánchez respecto a sus promesas a ERC, que reclama un referéndum. También se constata una realidad: Alberto Núñez Feijóo, que ayer pronunció un elogiable discurso desde la centralidad política, acertó al no renovar el poder judicial con un Gobierno que no muestra respeto alguno por los consensos constitucionales que han permitido la mejor convivencia de nuestra historia.