Al revelar que el presidente se negó a que asumiera ninguna responsabilidad política, el ex ministro la carga toda sobre los hombros de Sánchez
NotMid 08/11/2026
Opinión
Joaquín Manso
Una semana después de la tragedia, apareció la corrupción. El sumario recoge un mensaje de Santos Cerdán a Koldo apenas unos días después de haber accedido al gran ministerio de las infraestructuras en junio de 2018: «Se han hecho varios nombramientos, como no podamos meter alguno, nada será posible».
Nada será posible: existía una voluntad preconcebida entre quienes acompañaron a Sánchez en su aventura en aquellas primarias, ahora sabemos que también el chófer del Peugeot, de ocupar cuanto antes las posiciones estratégicas que les permitieran extender al corazón del Estado la pequeña organización criminal con la que ya venían operando entonces. Lo lograron de la mano de las decisiones del presidente del Gobierno, de las dependencias vitales de Ábalos y de la habilidad del nexo corruptor Aldama, el conseguidor que detectó tantas debilidades morales.
Dos catástrofes mortales en la Alta Velocidad en menos de un año son suficientes para conectar el deterioro crítico de la red ferroviaria española, por la falta de inversión en su mantenimiento y la desprofesionalización galopante de su gestión, con ese modelo de ocupación partidista del Estado en el que la conquista de los organismos públicos responde a intereses particulares espurios.
«Lo fundamental no es por qué Sánchez se rodeó de truhanes y trepadores con vocación delincuencial; sino por qué ellos eligieron subirse a lomos de Sánchez», escribía aquí el viernes Javier Redondo. Esa concepción patrimonial de las instituciones que es consustancial al sanchismo no altera sus prioridades ni siquiera en medio de la desolación nacional por las 69 muertes en Urda: ayer contábamos en EL MUNDO cómo la cúpula de Adif encontraba tiempo y urgencia para blindar su plan millonario de incentivos en un consejo extraordinario horas antes de la dimisión de su presidente.
El presidente ha instalado una cultura política articulada sobre la supervivencia a cualquier precio, la lealtad personal como criterio de pertenencia y el control del relato como instrumento de autoridad. Óscar Puente ha sido su exponente más perfecto: el ministro tuitero. En él se reconocía una forma de entender el poder que convertía cualquier crítica en una agresión y cualquier exigencia de responsabilidad en una amenaza para el proyecto. Nadie como él ha contribuido a intoxicar nuestra vida pública. Pendenciero, desafiante, extraordinariamente áspero en el combate político, convirtió la provocación y la superación de los más elementales límites de cortesía democrática en una herramienta de Gobierno.
Después de Adamuz rechazó con contumacia reconocer errores, frente a toda evidencia. Pero un desastre aún mayor que aquel y en pleno periodo electoral era demasiado incluso para él. Puente cayó bajo el peso inexorable de su balance de gestión: 115 muertos en menos de un año. La conversión de su dimisión en una telenovela épica de su «dignidad» no sirve para otra cosa que para recordarlo.
Otra cosa son las circunstancias teatralizadas de su dimisión. Las filtraciones de su conversación por WhatsApp con el presidente –«espero que no lo consideres como una traición»– no son inocuas. Trasladan el conflicto a Sánchez, que se queda solo y sin parapeto ante el 29-N. Al revelar que el presidente se negó a que asumiera ninguna responsabilidad política, Puente la carga toda sobre los hombros de Sánchez; él mismo había reprochado que la ausencia de Presupuestos impidió ordenar las inversiones en Adif.
Al sentirse abandonado, el ministro hace un cálculo reputacional: necesita separar su biografía política de la del presidente antes de que la suerte de ambos quede definitivamente confundida. No ha roto con Sánchez ni ha renegado de su proyecto. Y conserva sus cargos ejecutivos en el PSOE. Sencillamente, actúa conforme a un horizonte político que ya contempla que Sánchez no sobreviva a las urnas. El día después ya ha comenzado.
La tragedia de Urda también ha revelado los límites de la gran simulación sobre la que el sanchismo ha construido su resistencia política, como explicaba aquí Manuel Arias Maldonado. Durante años, Sánchez ha logrado desplazar la discusión sobre los resultados de su gestión hacia el terreno de la confrontación ideológica, transformando cada crisis en una nueva batalla contra sus adversarios.
La realidad de la precariedad material de los ciudadanos y el deterioro imparable de los servicios públicos se han abierto ahora paso entre los escombros de tanto relato. La conexión entre la crisis de confianza en el funcionamiento del Estado y la fórmula populista del Gobierno de Sánchez es el gran asunto de estas elecciones. La política puede manipular la interpretación de los hechos, pero no sustituirlos indefinidamente. Y esa distancia entre la representación del poder y sus consecuencias reales es lo que está sometido a juicio el 29-N.