El PSOE, fruto de la debilidad de Sánchez, pasa de la inacción a la complicidad tras el acuerdo presupuestario con ERC
NotMid 13/02/2023
EDITORIAL
La situación de debilidad del Gobierno está asfaltando el camino al independentismo catalán para intensificar el atropello que sufre el castellano en las aulas. El uso de la lengua y de la educación con fines partidistas ha sido una constante del independentismo para cimentar su hegemonía en el espacio público en Cataluña. Lo que está haciendo ahora la Generalitat es aprovechar tanto la dependencia que tiene Pedro Sánchez de ERC como la necesidad del presidente de justificar su estrategia de «diálogo» para endurecer su política de discriminación lingüística, con abierta voluntad segregadora.
En este contexto hay que enmarcar las últimas decisiones del Ejecutivo catalán. Tal como hemos informado, la Generalitat ha ordenado tratar al castellano como una lengua extranjera en las pruebas que realizará este curso en las escuelas de Cataluña para comprobar el nivel de «comunicación oral» de los alumnos de sexto de primaria y cuarto de ESO. El departamento de Educación, que dirige Josep Gonzàlez-Cambray, practicará pruebas orales de catalán a todos los escolares, pero solo examinará de inglés y español a una muestra del alumnado. Equiparar una de las lenguas oficiales en Cataluña con una foránea permitirá al Govern cocinar a su conveniencia los resultados de la evaluación y justificar después sus políticas represivas contra el castellano. A ello se une la consagración del catalán como lengua vehicular en el tramo de cero a seis años -acreditando así el afán por enterrar la cultura española desde edades tempranas-, y la negativa de la Generalitat a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impone un 25% de materias troncales en castellano. Cabe recordar que Bruselas advirtió recientemente de «la importancia» de cumplir un fallo que el Govern ha podido sortear gracias a una nueva ley, respaldada por el PSC, a la espera de que el Tribunal Constitucional -ahora, de mayoría progresista- dictamine sobre su legalidad.
El sistema de control para hacer más férreo el modelo monolingüe en Cataluña avanza ante la complicidad del Gobierno y del PSOE, al que ya no cabe atribuir una actitud de inmovilismo después del acuerdo de estabilidad alcanzado entre Pere Aragonès y Salvador Illa. De hecho, este pacto blinda las ayudas a entidades que persiguen el español, dado que los presupuestos autonómicos para 2023 contemplan más de 2,2 millones para los espías del recreo y organizaciones afines.
La vulneración de derechos constitucionales en Cataluña pone de manifiesto la connivencia del Gobierno. Pero también debería exhortar a su alternativa a abandonar la ambigüedad. El PP no puede confundir la moderación con el vaciamiento ideológico. La quiebra de la ley en materia lingüística en Cataluña requiere una defensa vigorosa del constitucionalismo y la determinación de anteponer la preservación de derechos fundamentales a cualquier tentativa de tacticismo.