La operación del Ministerio del Interior también buscó evitar que se siguiera informando sobre la ‘trama Gürtel’
NotMid 25/02/2023
EDITORIAL
El escrito provisional de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Kitchen es un retrato preciso de una época sombría, en la que desde el Ministerio del Interior se hizo una patrimonialización corrupta del poder del Estado hasta el punto de poner al servicio del partido gobernante las más altas instancias policiales. La acusación del Ministerio Fiscal determina la creación de una trama de espionaje financiada con fondos reservados para vigilar y sustraer documentos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, con el fin de impedir que este conservara pruebas de la caja b popular que salpicaran a los dirigentes del partido y se pudieran incorporar como elementos inculpatorios en el caso Gürtel. La operación se gestó, además, para evitar que se siguiera informando sobre la corrupción en el seno del PP y sobre los vínculos del presidente Mariano Rajoy con el tesorero. Fue en aquellas fechas cuando este periódico publicó las exclusivas más relevantes del caso, tanto los SMS entre ambos como la crónica titulada Cuatro horas con Bárcenas.
Las penas solicitadas y los cargos de los acusados que se sentarán en el banquillo evidencian que estamos ante unos hechos de extrema gravedad que no pueden quedar impunes. Sobre Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, pesa una acusación de 15 años de prisión por los delitos de encubrimiento, contra la intimidad y de malversación. En idéntica situación se encuentran Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad, el entonces número dos de la Policía Eugenio Pino o el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo. Para el chófer de Bárcenas, el policía Sergio Ríos, pieza clave en el espionaje, Anticorrupción pide 12 años y medio, igual que para el comisario Enrique García Castaño. Muestra de la ruindad que envuelve este andamiaje es que la Fiscalía detecta dentro de la trama una segunda operación destinada a conservar información que afectaba a sus ideólogos para presionarlos. Aquí están implicados García Castaño y el comisario José Manuel Villarejo, sobre el que pesa la mayor de las acusaciones: 19 años, pues a los delitos mencionados se une el de cohecho.
Estamos hablando de una red ideada con el fin último de que la cúpula del partido que presidía Rajoy esquivase a la Justicia. A la ciudadanía le costará comprender que en este esclarecimiento de los hechos solo se señale a los mandos de Interior y no se reclamen responsabilidades políticas al margen de Fernández Díaz.
Aunque la creación de la trama data de 2013, tiene una afectación sobre la autoridad moral y la credibilidad del PP en el presente. Alberto Núñez Feijóo debe ser consciente de que debe realizar un esfuerzo por resultar creíble en sus promesas de lucha contra la corrupción: el repudio de esta operación forma parte de la regeneración que su partido aspira a encabezar.