Hasta 13 comunidades y 38 capitales han superado su récord de precios de alquiler en 2023. La nueva Ley de Vivienda, pactada con Bildu y ERC, agrava aún más el problema
NotMid 02/08/2023
EDITORIAL
El acceso a la vivienda es una de las grandes losas que está oprimiendo la economía de millones de personas, muchas de ellas jóvenes que no encuentran posibilidad de independizarse o una solución apropiada para habitar en sus propios barrios y ciudades. El coste del alquiler ha seguido disparándose en 2023, con 13 comunidades autónomas que han batido su récord histórico de precios este año. Solo Aragón y Castilla-La Mancha se encuentran por debajo de los precios de la última gran burbuja inmobiliaria, en los años 2007 y 2008.
El incremento de los alquileres coincide con el alza de los tipos de interés y el euríbor, que en junio ha superado el 4%, una tasa que no se veía desde 2008. Las familias que acceden a una vivienda cada vez destinan más a la hipoteca, mientras que otras muchas acuden al alquiler, lo que crea un círculo vicioso. El desfase entre la creciente demanda y una oferta insuficiente se acentúa y los precios suben sin freno. El último informe de Fotocasa -uno de los que tiene en cuenta el Banco de España- es claro: 38 capitales de provincia han superado su máximo histórico en 2023, y 26 de ellas lo acaban de hacer en junio. En importantes comunidades, los precios de arrendamiento están un 30%, un 40% o incluso un 60% por encima de la burbuja de 2007. Los expertos no recuerdan un encarecimiento tan pronunciado.
Sólo hay tres capitales que aún no han rebasado los máximos del boom inmobiliario de hace 15 años -Ciudad Real, Zaragoza y Guadalajara-, mientras que 11 comunidades autónomas -Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Murcia- han alcanzado un nuevo pico en el mes de junio.
Muchos jóvenes y familias siguen pendientes de una solución que, por desgracia, la nueva Ley de Vivienda será incapaz de darles. Aunque entró en vigor el 26 de mayo y aún no se han percibido sus efectos, la legislación que el Gobierno pactó con ERC y Bildu contiene elementos disuasorios de la oferta que, previsiblemente, agrandarán el problema.
Una de sus novedades más aireadas, el tope a los precios del alquiler, ha tenido un efecto contrario al deseado en los lugares en los que se ha implantado, puesto que los propietarios se ven desincentivados. En Barcelona, París o Berlín, la oferta se ha reducido tras aplicar esta medida, por lo que el acceso se dificulta aún más. Es cierto, sin embargo, que corresponde a las comunidades aplicar la norma, y tanto la de Madrid como el País Vasco van a recurrirla. Aprobada sin consenso, la ley crea tantos problemas como ineficaces son sus soluciones.
Las medidas necesarias, como incrementar la oferta mediante la colaboración público-privada y ofrecer seguridad jurídica e incentivos fiscales a los propietarios, siguen ausentes, mientras el precio del arrendamiento marca récords y el euríbor sigue subiendo. La vivienda es una de las grandes preocupaciones sociales de nuestro tiempo, pero su salida no se encuentra en la imposición de prejuicios ideológicos sobre una realidad con la que cada vez más ciudadanos se están dando de bruces.