Tras su reunión en Bruselas, ¿qué incentivo tienen los funcionarios del Estado para cumplir con su trabajo?
NotMid 04/09/2023
EDITORIAL
La reunión entre Yolanda Díaz y el prófugo Carles Puigdemont en Bruselas es uno de los hechos políticos más graves de los últimos años en España. La vicepresidenta en funciones desacredita al Estado representando al Estado mismo, y se coloca en una posición que sería insostenible si España no estuviera instalada en una situación de excepcionalidad y degradación institucional como la actual.
Díaz ha viajado por sorpresa a la ciudad donde se refugia el autor del intento de secesión ilegal perpetrado en Cataluña, actuando como si tal condicionamiento no existiera. Que una autoridad de tan alto nivel se desplace hasta el lugar donde Puigdemont se encuentra huido confiere una legitimidad moral a su figura y a todo lo que representa -el ataque al orden constitucional y la aspiración de impunidad- que vulnera el más mínimo respeto al proceso judicial que legítima y legalmente persigue que Puigdemont sea juzgado. El elevado coste moral de este viaje resulta impredecible.
En octubre de 2018, el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, acudió a la cárcel de Lledoners a reunirse con Oriol Junqueras en busca del apoyo de ERC a Pedro Sánchez. Hoy, su sucesora en la izquierda radical y además vicepresidenta del Gobierno ha dado un paso más en la legitimación del procés que capitanea junto al PSOE. Con su viaje, Díaz quiebra de forma ostentosa el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y humilla a las instituciones españolas. Sin esperar siquiera a una eventual amnistía que perdone a los artífices del mayor ataque a la convivencia desde el cese de ETA, la número dos del Ejecutivo lanza un nítido mensaje de respaldo político a su principal dirigente.
El Gobierno asesta así un duro golpe a la dignidad de la Justicia española y en concreto al magistrado que con rigor e independencia instruye el caso, Pablo Llarena. ¿Qué incentivo tienen ahora los funcionarios del Estado para seguir cumpliendo con su trabajo? ¿Y qué garantías quedan de que el Gobierno hará cumplir la ley frente a quienes la violentan?
En el gesto de Díaz confluyen tres falsedades. Por un lado, resulta indefendible afirmar que se reúne con Puigdemont como líder de Sumar y no como integrante del Gobierno, cuando ambas condiciones no pueden deslindarse. Asombra también que La Moncloa diga que supo de la cita a última hora de la noche y que no la apoya, cuando es público que el PSOE y Sumar están volcados en atraer a Junts a la investidura, y cuando el encuentro se produce un día antes de que Puigdemont haga públicas sus condiciones.
La tercera gran mentira es ya habitual: las cesiones a Junts y a ERC no son medios para alcanzar un bien superior, la «normalización» de Cataluña. El único fin es la conservación del poder. La deslegitimación de las instituciones y de la idea cívica de España avanza sin frenos.