Con la amnistía el PSOE abandona los pactos constitucionales. No arranca una feliz era de concordia: se resetea el ‘procés’
NotMid 09/03/2024
EDITORIAL
El día de ayer marcó un hito de insólita gravedad en la historia de España. Con la aprobación de la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el Gobierno socialista ha sellado su ruptura con los consensos constitucionales y ha hecho efectiva la peor de las corrupciones: la transacción de impunidad a cambio de poder. Acosado por una sórdida trama de corrupción nacida en su Gobierno, y movido por la única voluntad de garantizarse la investidura y estirar al máximo una legislatura fundada en la mentira, Pedro Sánchez no sólo amnistía a la carta a los políticos independentistas que dieron el más severo golpe a la convivencia en Cataluña, borrando incluso los posibles delitos de terrorismo, alta traición y corrupción, sino que da un paso decisivo hacia la deslegitimación de la democracia española. El peligro es enorme: de la semilla tóxica de la amnistía no brotará la «reconciliación», como dice el Gobierno, sino la discordia. Lo que arranca no es una feliz era de concordia, sino el reseteo del procés. El contador se pone a cero para las exigencias políticas y económicas que el independentismo puso sobre la mesa en la etapa de Artur Mas. Con dos diferencias sustanciales: ahora las defensas jurídicas, políticas y morales del Estado están desactivadas, y los nacionalistas vascos y catalanes avanzan coordinados para aprovecharse del presidente más débil de nuestra historia democrática.
La erosión de la autoridad de las instituciones no es un daño colateral sino un objetivo buscado. España queda retratada, al gusto de Junts, ERC y toda la alianza «plurinacional», como una democracia de baja calidad que practica la represión ideológica. Así, los magistrados que juzgaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 son señalados como epítomes del lawfare, y el conjunto de las instituciones del Estado es descalificado hasta el punto de que sólo el poder ejecutivo se inviste de legitimidad. Utilizando un trámite de urgencia indefendible para una norma de tanto peso, apoyándose en una mayoría parlamentaria precaria y sólo unida por su ánimo frentista, con el rechazo de la mayoría del país, negociando con opacidad cada uno de los artículos de la ley con sus concretos beneficiarios y adaptándola sobre la marcha a las actuaciones judiciales contra ellos, el PSOE lanza a nuestro país al imperio de la arbitrariedad.
La nueva redacción del texto confirma que los desacuerdos que habían aplazado su aprobación -ahora pendiente del aval definitivo del pleno- se han saldado, como ocurre desde el 23-J, con más cesiones a Carles Puigdemont. La aplicación efectiva de esos cambios está por ver. Sortear la referencia al Código Penal español en materia de terrorismo para saltar al derecho europeo es un absurdo retórico, pero sirve para el propósito clave de debilitar el sistema político. El Gobierno incorpora también el perdón de la malversación cuando no haya enriquecimiento personal, una premisa difícilmente asumible en Europa. Y la impunidad se extenderá incluso a los hijos de Jordi Pujol. En cualquier caso, acabe como acabe la amnistía, la estrategia rupturista del prófugo ya ha vencido. Puigdemont tiene a Sánchez atado a su voluntad, y el presidente confirma que está dispuesto a todo por mantener el apoyo de sus siete diputados.
El ministro Félix Bolaños asegura que este pacto garantiza la aprobación de los Presupuestos, pero Junts ya advierte que el chantaje al Estado no ha hecho más que empezar. La «reconciliación» es inexistente: los independentistas ni la piden ni la prometen. No renuncian a sus reivindicaciones -basadas en un reaccionario sentimiento de superioridad respecto a los españoles sin lengua cooficial- ni a los métodos que emplearon -la unilateralidad-, sino que plantean ya un referéndum de autodeterminación y un «pacto fiscal». Desde ayer, y con el único y autoritario fin de impedir la alternancia, la indisolubilidad de la nación se ve sometida a subasta para contentar a quienes batallan contra la convivencia entre ciudadanos libres e iguales.
España se asoma a un proceso destituyente. Junts ha conseguido sacar a los socialistas -y a su aparato de poder- de su posición como partido sistémico. El PSOE ha traicionado los principios sobre los que fue fundado: la igualdad y la fraternidad. Desde ayer sabemos que hay un Código Penal para el común de los ciudadanos y otro lleno de excepciones y privilegios para los socios del hombre que circunstancialmente ocupa la Secretaría General del PSOE y la Presidencia del Gobierno. Los hijos de los emigrantes que levantaron Cataluña durante décadas hoy saben que son ciudadanos de segunda para un Ejecutivo que se dice socialista y que sin embargo cede una y otra vez al supremacismo que los llama «colonos». Pero del resto de España, de la integridad de sus instituciones -empezando por la Casa Real- y de la solidaridad de sus compatriotas ha de llegarles el aliento de la resistencia contra la arbitrariedad y el despotismo. La Constitución prevalecerá.