El juez tumba la estrategia defensiva del fiscal general y evidencia la campaña de desinformación de la prensa oficialista
NotMid 28/01/2025
EDITORIAL
El último auto del juez instructor Ángel Hurtado supone un severo golpe para el imputado fiscal general del Estado pues, a tan solo 48 horas de su declaración ante el Tribunal Supremo, desmonta la estrategia defensiva que ha urdido con la Abogacía del Estado.
Ante los repetidos intentos de la Abogacía por desviar el foco de la investigación al fiscal general para centrarlo en Miguel Ángel Rodríguez, el juez se ve obligado a recordar una obviedad: lo que se investiga es la filtración de un documento secreto -un mail con información reservada de un particular, el novio de Isabel Díaz Ayuso- sin el consentimiento del afectado y presuntamente por parte de un funcionario: el fiscal general.
Solo un funcionario público puede cometer revelación de secretos respecto de las actuaciones que la ley le obliga a custodiar. Ahí está la «relevancia delictiva» y esa obligación de preservar el secreto no desaparece, como pretende García Ortiz, porque previamente se hubiese difundido otro de los correos entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal de Delitos Económicos y detalles de esa negociación.
La publicación en EL MUNDO del contenido de ese mail propició la frenética reacción del fiscal general, que lo tachó de «bulo». Pues bien, el instructor resume con naturalidad su contenido tal y como lo expresó este periódico -el «ofrecimiento del pacto por parte de la Fiscalía»-, lo que respalda su indiscutible veracidad.
Hurtado rechaza practicar la mayoría de las diligencias solicitadas por la Abogacía. «No se alcanza a entender», llega a decir, cuál es su utilidad para esclarecer los hechos. Por ahora, los elementos objetivos son que el controvertido correo en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos para alcanzar un pacto llegó a la cuenta de Gmail del fiscal general a las 21.59 horas del 13 de marzo y muy poco después fue difundido por medios de la órbita gubernamental.
El escrito supone un notable revés para García Ortiz, pero evidencia también algo muy preocupante: la existencia de una campaña de desinformación masiva, con determinada prensa como colaboradora necesaria, entregada a confundir de forma consciente e interesada a sus lectores para salvar a cualquier precio al fiscal general, en defensa de los intereses del Gobierno.
Mientras el discurso oficial deplora los «recortes de prensa» como base para las investigaciones judiciales, la Abogacía blande recortes de la prensa afín para intentar ayudar a «su» fiscal general. Hasta el punto de que el juez tiene que recordar que su criterio prevalece sobre las «opiniones» periodísticas. La obsesiva implicación personal que demuestran algunos informadores en nada contribuye a reforzar la confianza en la prensa en un momento particularmente delicado.
No hay mayor riesgo de desinformación que dejarse llevar por los propios prejuicios, ni mayor bulo que considerar que los mentirosos siempre son los otros, ni mayor peligro para el ejercicio honesto del periodismo que arrogarse el patrimonio de la verdad. Más aún si, en los temas capitales para el poder, esa verdad coincide punto por punto con la verdad que le interesa al poder mismo.