La confianza se pierde cuando el poder intenta convertir el Estado en un instrumento
NotMid 08/12/2025
EDITORIAL
Los datos del barómetro dibujan un paisaje inquietante: España atraviesa un ciclo de erosión institucional tan profundo que ya condiciona la estabilidad política y la calidad democrática. Dos de cada tres ciudadanos reclaman adelantar las elecciones y casi nueve de cada diez consideran que las instituciones se han deteriorado gravemente. No es una reacción coyuntural: es una enmienda a la totalidad de una etapa marcada por la instrumentalización del Estado desde el poder.
La encuesta revela un patrón que no admite equívocos. Cuanto más cerca está una institución del control político, menor es la confianza que suscita; cuanto más independiente permanece, mejor resiste el juicio ciudadano. La Fiscalía General del Estado -cuyo titular ha pasado de ser el garante de la legalidad a protagonista de un escándalo de revelación de secretos- apenas alcanza un 28% de confianza. El Tribunal Constitucional, cuyo aval a la amnistía fracturó su prestigio, cae al 28%, diez puntos menos en solo un año y medio. El conjunto del Poder Judicial, sometido al fuego cruzado de un Gobierno que cuestiona a los jueces cada vez que una resolución no le conviene, no supera tampoco ese umbral.
El Ejecutivo obtiene aún peores registros: solo un 27% (siete puntos menos que hace año y medio) de los ciudadanos confía en él. Y todavía más abajo en el desgaste institucional se sitúan el Congreso de los Diputados y el Senado, que sólo inspiran confianza al 18,8% y al 18,6%, respectivamente, de los encuestados. Una prueba clara del rechazo que genera entre la ciudadanía la polarización del debate público.
Frente a esta situación de agotamiento político, en la que incluso el 41% de votantes socialistas quiere ya acudir a las urnas, Pedro Sánchez insiste en aguantar en el cargo hasta 2027 y aferrarse al poder pese a la fragilidad de su situación parlamentaria, en minoría y con unos socios que sufren igualmente el desgaste.
Pero ante este deterioro de las instituciones más permeables al poder político, emerge un contraste significativo: los ciudadanos valoran mejor aquellas estructuras que se han mantenido más impermeables al vaivén partidista, como es el caso del Defensor del Pueblo y de la Jefatura del Estado: el Rey Felipe VI duplica el apoyo que cosecha el Gobierno.
La respuesta ciudadana no debería sorprender a nadie. La confianza se pierde cuando el poder intenta convertir el Estado en un instrumento. Se recupera cuando la ley, la neutralidad y la independencia vuelven a ocupar el centro de la vida pública. Que dos tercios de la ciudadanía estén en contra de la deriva de Pedro Sánchez, más enfocado en preservar su poder que en servir a los ciudadanos, es un síntoma de su efecto corrosivo sobre las instituciones.
España no necesita más relato: necesita que las instituciones recuperen su prestigio y que el Gobierno se someta al control democrático más elemental sin retorcer las reglas. Mientras eso no ocurra, la desconfianza seguirá siendo la reacción inapelable de la opinión pública.