El parlamento sandinista aprobó un informe que propone endurecer las penas por “traición a la patria” en el Código Penal. “Quiere mantener a la gente sometida a la paz de los sepulcros”, afirman defensores de los derechos humanos
NotMid 08/05/2022
IberoAmérica
El régimen de Daniel Ortega se encamina a enjuiciar sacerdotes y confiscar los bienes de los opositores acusados de “traición a la patria” a través de reformas al Código Penal que buscan, según el abogado Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, “instalar más miedo, más persecución y más acciones abusivas” en Nicaragua.
Este miércoles, el parlamento nicaragüense, controlado por el gobernante partido sandinista, aprobó un informe de trabajo de las comisiones de Justicia y Gobernación para endurecer las penas a las personas condenadas por el delito de “menoscabo a la integridad nacional” también llamada “traición a la patria”, la figura más recurrente del régimen para apresar y procesar opositores.
En el último año, unos 50 líderes opositores, empresarios, periodistas y críticos del régimen fueron detenidos y condenados en una ola represiva a través de la cual Ortega buscaba eliminar a la oposición y llegar a las elecciones generales de noviembre 2021 sin competencia alguna. La gran mayoría de ellos fueron condenados por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”. Siete de los presos políticos son personas que intentaron ser candidatos presidenciales para enfrentar a Ortega.
El informe, denominado “Análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas que cometen delitos de menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio, entre otros”, fue aprobado por los diputados con 77 votos a favor, 11 abstenciones y tres presentes, y propone judicializar a sacerdotes, directores de organizaciones de derechos humanos y confiscar bienes a quienes se involucran en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, que en el documento llaman “aventura golpista”.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha responsabilizado a la iglesia católica de la rebelión ciudadana de 2018, por la actitud crítica que mantuvo hacia su gestión y la protección que brindaron algunas iglesias a las personas que protestaban. Tanto Ortega como Murillo se han referido a los sacerdotes con calificativos de “fariseos”, “diablos con sotana” y “terroristas”, entre otros.
Hasta ahora, la jerarquía católica de Nicaragua no ha hecho comentarios a la iniciativa legislativa del régimen.
“En la Asamblea Nacional funciona una aplanadora sandinista que aprueba todo lo que la pareja presidencial manda”, asegura Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos. (Foto EFE/Jorge Torres/Archivo)
La presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento, diputada sandinista María Auxiliadora Martínez aseguró que hay “consenso” para reformar el Código Penal y justificó la mención explícita de los religiosos y defensores de derechos humanos en el informe porque “el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores, ni representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender los derechos humanos sino con saña y odio a la militancia sandinista y a toda persona relacionada con el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional”.
El informe propone un incremento de 15 a 20 años de privación de libertad para la pena por el delito “menoscabo a la integridad nacional” e introduce la figura jurídica de “extinción de dominio” que significaría confiscar los bienes de los acusados.
La Constitución Política de Nicaragua prohíbe expresamente la confiscación de bienes. “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, dice en su artículo 44.
“Con esta reforma están reviviendo la figura de la confiscación, nada más que de manera disimulada”, afirma Pablo Cuevas, director global de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, que trabaja desde el exilio. “Mediante artimañas están reformando el Código Penal lo cual es involución con respecto a los derechos humanos con el objeto de castigar a quienes critican, señalan o cuestionan la autoridad el partido sandinista o de la autoridad presidencial”.
“Desde los años 90 nuestra legislación en materia penal vino sufriendo una evolución positiva, porque garantizaba el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, pero hace 16 años comenzó a sufrir un proceso de involución, las presentes autoridades (régimen Ortega Murillo) comenzaron a hacer una serie de reformas que procuraban hacer del Código Penal un instrumento de castigo o premio político”, añade.
Cuevas critica también que la Asamblea Nacional no consulta a los posibles sectores afectados, tal como lo contempla la ley. “Vulneran otros aspectos constitucionales como el que declara que somos una democracia participativa. La propia ley que rige la Asamblea Nacional menciona que la formulación de ley debe ser producto de consultas amplias y plurales. Que deben llamar a sectores de la sociedad que van a ser afectados por esta ley, pero sabemos que eso no pasa, porque llaman solo a policías, Ministerio Público y el Poder Judicial”.
El informe indica que su contenido fue alimentado con consultas a jefes policiales, fiscales e inspectores del Ministerio Público, jueces que han estado a cargo de los juicios de los presos políticos, funcionarios de la gubernamental Procuraduría de Derechos Humanos, autoridades y representantes estudiantiles de las universidades y alcaldes, todos ellos afines al régimen. También fueron consultados según el informe, víctimas sandinistas de las protestas de 2018, incluyendo dos diputados oficialistas.
“Surgieron inquietudes, observaciones y aportes en procura de mejorar la eficacia de la justicia, la reparación de los daños causados y la no repetición. Dentro de los aportes tenemos que adicionar al artículo 409 del Código Penal, la extinción de dominio, aplicado para los condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delito de traición a la patria, delito que comprometen la paz, delitos contra la constitución política y conexos”, explicó la diputada Martínez.
La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), integrada por 10 diputados, se opuso a una declaración que pretendía avalar por unanimidad el informe. “Se ha dicho de una encuesta en donde estuvieron participando diferentes sectores consultados para llegar a esta Declaración expuesta, 17 sesiones de trabajo, 25 personas consultadas, en donde con eso se pretende reformar leyes que vayan a tener una ampliación de hechos delictivos, ampliaciones de penas y otros extensivos a otros actores políticos, en este caso la bancada del Partido Liberal Constitucionalista no está de acuerdo con esos planteamientos, porque en la situación en la que está nuestro país consideramos que debe de tomarse en cuenta una verdadera reconciliación de todos estos sectores”, expuso la diputada liberal Eneyda Escoto.
El régimen de Daniel Ortega mantiene en sus cárceles a 182 presos políticos, según la última actualización del organismo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua. (Foto EFE/Bienvenido Velasco)
El diputado sandinista Edwin Castro matizó asegurando que la declaración “en ningún momento habla de reformas de ninguna ley”. El informe aprobado, dijo, “es una narrativa de lo que ha pasado”, “no dijimos que estamos sometiéndolo a discusión” y que el proceso siguiente será “un análisis de una Comisión Interinstitucional y en su momento vendrá a discusión a esta Asamblea”.
El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, recordó, sin embargo, que en la Asamblea Nacional funciona “una aplanadora sandinista” y diputados colaboradores de otros partidos que aprueban todo lo que la pareja presidencial le ordene.
“Es evidente que la carta más fuerte del régimen es la represión en sus distintas modalidades, la legislativa es una de ellas y la están utilizando para mantener a la gente sometida a la paz de los sepulcros”, afirma. “Tenemos que concluir que lo que va a salir de ahí es lo que le convenga a la pareja presidencial. Hacen leyes en función de los intereses de ellos y no en función de los intereses de la población”.
Pronostica más silencio y abusos contra la población cuando esa iniciativa se convierta en ley. “La iglesia católica va a pagar un alto precio porque le pueden confiscar propiedades ¿Quién se va a atrever a criticar, a denunciar? ¿Quién se va a atrever a hacer señalamientos sabiendo que se puede quedar sin casa?”, se pregunta.
Agencias