La Ley Laken Riley, que exige la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos, lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada el año pasado por un venezolano
NotMid 22/01/2025
USA en español
La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio este miércoles la aprobación final a un proyecto de ley que exige la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos, marcando la primera legislación que el presidente Donald Trump puede firmar, ya que el Congreso, con cierto apoyo bipartidista, se movió rápidamente en línea con sus planes para reprimir la inmigración ilegal.
La aprobación de la Ley Laken Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada el año pasado por un venezolano, muestra hasta qué punto el debate político sobre la inmigración ha virado hacia la derecha tras la victoria electoral de Trump. La política de inmigración ha sido a menudo uno de los temas más enquistados en el Congreso estadounidense, pero una facción crucial de demócratas se unió a los republicanos para levantar la estricta propuesta hasta su aprobación en un recuento de 263-156 votos.
“Durante décadas, ha sido casi imposible para nuestro gobierno ponerse de acuerdo sobre soluciones para los problemas en nuestra frontera y dentro de nuestro país”, dijo la senadora Katie Britt, republicana de Alabama. Britt calificó la ley de “quizá la más importante en materia de inmigración” aprobada por el Congreso en casi tres décadas.
Sin embargo, el proyecto de ley requeriría un aumento masivo de las capacidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, pero no incluye ninguna nueva financiación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)
Trump ha hecho del combate a la inmigración ilegal su principal prioridad, y el Congreso, con mayoría republicana y con algunos demócratas dispuestos a colaborar, está demostrando que está listo para seguir el mismo camino.
“No queremos que criminales entren a nuestro país”, dijo Trump a sus seguidores en el Capitolio.
El presidente de EEUU ya está dando fin a muchos de los programas fronterizos y de inmigración del ex mandatario Joe Biden, alejando al país de los intentos del demócrata de implementar políticas de inmigración más humanas en un momento en que números récord de personas llegaban a la frontera con México.
“Si entras en este país ilegalmente y cometes un crimen, no deberías ser libre de vagar por las calles de esta nación”, dijo Britt, quien ayudó a impulsar el proyecto de ley en el Senado.
La legislación requeriría que las autoridades federales detengan a migrantes acusados de delitos como el hurto, así como ofensas que lesionen o maten a alguien, y otorgaría a los estados un nuevo estatus legal para impugnar decisiones federales de inmigración, incluyendo las de jueces de inmigración.
Los críticos del proyecto de ley dicen que esa disposición abrirá la puerta para que los fiscales generales de estados republicanos libren una batalla legal contra las decisiones federales de inmigración, inyectando aún más incertidumbre y partidismo en la política migratoria.
Deportar a millones de migrantes o hacer cumplir la Ley Laken Riley dependerá en gran medida de la capacidad del Congreso para asignar 100.000 millones de dólares. Los republicanos están debatiendo cómo aprobar ese dinero a través de un proceso conocido como reconciliación presupuestaria que les permitirá pasarla por el Congreso puramente con votos de línea partidista.
Simpatizantes de Trump, entre ellos una que sostiene un cartel en el que se lee “Di su nombre: Laken Riley”, en una manifestación en Goffstown, Nuevo Hampshire, el 11 de marzo de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)
Actualmente, la Ley Laken Riley no tiene fondos asignados, pero los demócratas en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias calculan que el proyecto de ley costaría 83.000 millones de dólares en los próximos tres años, según un memorando obtenido por la agencia de noticias AP. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha estimado que necesitaría casi triplicar el número de camas de detención y realizar más de 80 vuelos de deportación por semana para cumplir con la ley, según el memorando.
“Eso es mucho dinero para gastar en una ley que va a causar caos, castigar a los inmigrantes legales y socavar el debido proceso en Estados Unidos, todo mientras desvía recursos de verdaderas amenazas”, dijo la senadora Patty Murray, la principal demócrata en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, en un discurso en el pleno del Senado la semana pasada.
Agencias