Antes de ser cesado, acepta que su departamento, que dependerá de una abogada fiel del presidente electo, no tiene competencias para ir tras un presidente en el cargo
NotMid 26/11/2024
USA en español
Hace unas pocas semanas, el panorama judicial de Donald Trump pintaba muy mal para él. Esperaba sentencia -finalmente suspendida- en el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, que le convirtió en el primer presidente en ser condenado en un caso penal en la historia de EEUU. Tenía causas abiertas en Georgia por las maniobras para intentar que las autoridades del Estado le “encontraran” 10.000 votos para ganar. Y sobre todo, tenía en frente el proceso dirigido por el fiscal especial Jack Smith, capaz de convencer a un gran jurado de que había pruebas más que suficientes para procesar a Trump por todas las maniobras que impulsó para no salir de la Casa Blanca. Incluyendo el asalto al Capitolio. Ese panorama, sin embargo, se ha disipado ya completamente (al menos durante los cuatro próximos años) y el camino está del todo despejado para el presidente electo.
Este lunes, Jack Smith, cuyo departamento pasará a depender a principios de enero de una de las abogadas personales de Trump, y que tiene claros los próximos pasos, ha pedido al juez que desestime los cargos y dé carpetazo al trabajo de muchos meses. El primer golpe lo dio en julio el Tribunal Supremo, cuando dictaminó que un presidente en el cargo tiene inmunidad casi total para sus “actos oficiales”, lo que obligó a reestructurar la causa y olvidarse de algunas pruebas y testigos. Y el golpe final lo asestaron las urnas.
“La política del departamento de que los presidentes en funciones no pueden ser procesados es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, que el gobierno respalda plenamente”, escribe Smith en su escrito al Tribunal. “Con base en la interpretación que el departamento hace de la Constitución, el gobierno solicita la desestimación sin perjuicio de la acusación sustitutiva”. Smith deja entornada la puerta para que los cargos pudieran volver a presentarse una vez que Trump complete su segundo y último mandato, según la Constitución. Pero parece improbable y demasiado lejano.
“El país nunca se ha enfrentado a una circunstancia como esta, en la que un gran jurado haya presentado una acusación federal contra un ciudadano privado y ya esté en marcha un proceso penal cuando el acusado sea elegido presidente”, dice con resignación el fiscal, que ha soportado las presiones durante 16 meses, convirtiéndose en el enemigo numero uno del equipo legal de Trump. Que será, precisamente, el que se haga cargo del Departamento de Justicia en enero. “Ante esta situación sin precedentes (..), el Departamento ha determinado que las opiniones anteriores sobre la prohibición constitucional de la acusación y el procesamiento federal de un presidente en funciones se aplican a esta situación y que, como resultado, este proceso debe ser desestimado antes de que el acusado tome posesión del cargo“, dice la moción.
Smith tenía de tiempo hasta diciembre para tomar una decisión, pero el hecho de que lo haya hecho tan rápido parece ser una señal clara de que va a concluir su investigación y dejar el cargo, antes de que el equipo de Trump asuma el control del Departamento de Justicia y antes de ser cesado y reprendido. Hoy también ha pedido al tribunal de apelaciones en Atlanta, que investiga a Trump por no aportar la documentación exigida desde que dejó el cargo, que concluya igualmente, pero los fiscales de Georgia sí tienen intención de seguir procesando a los dos coacusados de Trump, Walt Nauta y Carlos DeOlivera, que ni tienen inmunidad ni están protegidos por la doctrina constitucional.
La semana pasada, el juez de Nueva York que debía dictar sentencia por el caso de la actriz porno también prolongó de forma indefinida su decisión, que de llegar alguna vez, no será durante los próximos cuatro años.
El año pasado, Trump se declaró inocente de los cargos federales de llevar a cabo un “plan criminal” para anular los resultados de las elecciones de 2020, elaborando una lista de los llamados “electores falsos”, utilizando r al Departamento de Justicia para realizar “investigaciones de delitos electorales simulados”, intentar convencer al vicepresidente Mike Pence para que “alterara los resultados electorales” y de promover afirmaciones falsas durante el asalto del 6 de enero al Capitolio, “todo en un esfuerzo por subvertir la democracia y permanecer en el poder”.
Al fiscal especial, antes de renunciar, le queda sólo una tarea, presentar un informe final. No se espera que haya datos nuevos o no conocidos, e incluso no está nada claro que vaya a poder hacerlo antes de la toma de posesión del nuevo presidente, ya que tiene que pasar por diferentes filtros de los servicios de inteligencia, un proceso que a veces puede llevar semanas.
Agencias