NotMid 06/01/2026
OPINIÓN
Ankush Khardori
La parafernalia legal aguarda a Nicolás Maduro en el tribunal de la calle 500 Pearl Street, en el bajo Manhattan. Hay una acusación formal. Habrá fiscales y abogados defensores, un juez y alegatos. Al final, cuando todo esté dicho y hecho —y si la administración Trump no arruina colosalmente este caso—, probablemente habrá una condena y una cuantiosa pena de prisión.
Pero no podemos perder de vista lo que nos ha traído hasta aquí: a esta situación surrealista y, sin embargo, del todo previsible, en la que el gobierno de Trump ha secuestrado ilegalmente al líder de Venezuela. Se trata de un país que no ha mantenido hostilidades con Estados Unidos, y la acción se ha tomado sin siquiera el asomo de un esfuerzo por reclutar el apoyo del público estadounidense o de sus representantes electos en el Congreso, y sin la menor apariencia de un plan establecido sobre cómo se gobernará el país.
El marco legal bajo sospecha
Se supone que el Congreso es quien debe declarar las guerras según la Constitución de EE. UU., y tenemos leyes destinadas a restringir los despliegues militares unilaterales sin consulta parlamentaria. La administración Trump ha pasado por alto ambas prohibiciones legales internas, ya sea porque no se molestó en obtener el consentimiento del Congreso o porque no creía que obtendría los votos necesarios. Al mismo tiempo, la administración ha socavado profundamente el orden legal internacional, y es probable que esto traiga consecuencias en todo el globo.
“La acción contra Venezuela es manifiestamente ilegal según el derecho internacional y no puede caracterizarse, de forma plausible ni bajo ningún estándar razonable, como una acción de aplicación de la ley”, me dijo Philippe Sands, experto en derecho internacional, tras la acción militar.
“¿Cuál es el plan ahora?”, continuó. “Basta pensar en Nicaragua, Afganistán y Libia, entre otros, para imaginar cuáles podrían ser las consecuencias y el fomento que seguramente dará a otros para actuar con tal desprecio descarado por las normas jurídicas internacionales que nos obligan a todos”.
Un paralelismo histórico preocupante
Trump, por supuesto, no es el primer presidente estadounidense que deja de lado al Congreso en asuntos de guerra y paz. Estirar los límites de la autoridad ejecutiva en acciones militares puede ser especialmente tentador, ya que muchos legisladores parecen cada vez más deseosos de eludir la responsabilidad de tales decisiones. Sin embargo, este último episodio parece único en comparación con intervenciones anteriores.
Mientras tanto, el estadounidense promedio podría estar conmocionado por el giro de los acontecimientos, pero nadie en Washington puede afirmar seriamente que le tome por sorpresa. La administración Trump pasó meses alardeando abiertamente de ataques letales e ilegales contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes y amenazando con derrocar al régimen de Maduro.
La estrategia intelectual de la administración Trump debería resultar familiar para cualquiera que haya vivido los prolegómenos de la guerra de Irak, cuando el gobierno de George W. Bush ofreció afirmaciones cambiantes y sin sustento fáctico meses antes de llevar al país a la guerra. Aquella contienda se entiende hoy como un error histórico —algo que el propio Trump utilizó para ser elegido en 2016—, pero este paralelismo obvio parece haberles pasado desapercibido a muchos en los últimos meses.
¿Qué sigue?
Lo que ocurra a continuación en territorio venezolano es una incógnita en este momento, pero es también una consecuencia lógica de nuestra situación política actual: una en la que el Congreso y el Tribunal Supremo han permitido, en gran medida, que Trump se salga con la suya desde que regresó al cargo. Sin embargo, este arreglo no tiene nada de permanente, y el público tiene el poder de cambiarlo.