El estudio estima que, con los precios actuales, los recibos de una familia tipo europea alcanzarán su máximo el próximo año, elevándose un 200% frente a 2021
NotMid 07/09/2022
USA en español
as facturas de electricidad y gas de las familias europeas se situarán en unos 500 euros mensuales a principios del año que viene si se mantiene la tendencia de precios energéticos actual, lo que supondrá un fuerte incremento del 200% en comparación con 2021, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, advierte Goldman Sachs en su informe The Energy Affordability Crisis: Quantification, Solutions, Implications.
El estudio del banco de inversión estadounidense alerta de que incluso pueden llegar hasta la cota de los 600 euros/mes si hay un corte total de suministro del gas ruso hacia Europa. También indica que para el conjunto de la Unión Europea (UE) la coyuntura actual se traducirá en un coste extra de dos trillones de euros, equivalentes al 15% de su PIB de 2021 –en abril lo cifraba en 1,4 trillones y el 10% del PIB-.
«Tras el repunte de los precios del gas y la electricidad desde mediados de junio, creemos que la crisis energética, y en particular la asequibilidad, ha alcanzado un punto de inflexión, que probablemente requiera una importante intervención política. En nuestra opinión, el mercado sigue subestimando la profundidad, la amplitud y las repercusiones estructurales de la crisis, que creemos que serán incluso más profundas que las de la crisis del petróleo de los años 70», apuntan los analistas de la entidad.
Goldman Sachs explica que la UE —incluyendo a Reino Unido— consume unos 3.300 teravatios hora (TWh) de electricidad y unos 5.300 TWh de gas (500.000 millones de metros cúbicos). Sobre la base de las facturas energéticas del verano de 2020, esto supone un coste anual de 900.000 millones de euros.
Margen para maniobrar
Por otro lado, el informe destaca que hay margen para la introducción de topes de precios en la generación de energía. El banco estima que podrían ahorrar a Europa unos 65.000 millones de euros al año, aunque señala que estos no resolverían por completo el problema de la asequibilidad. En España se aplica desde mediados de junio la ‘excepción ibérica’, que limita el precio del gas que se usa para generar electricidad.
En este sentido, los analistas de la entidad financiera plantean también la posibilidad de que se aplique un déficit tarifario con el que se asuma el incremento de las facturas a lo largo de 10-20 años. «La introducción de un déficit tarifario podría constituir una poderosa herramienta. Este mecanismo básicamente aplazaría y repartiría el aumento de las facturas energéticas a lo largo de varios años, suavizando el impacto sobre los consumidores», subrayan.
Bajo este mecanismo, las empresas de servicio público (utilities) titularizarían los derechos de cobro con una entidad de crédito, como se ha visto recientemente en Francia y en España en la primera década del 2ooo. También se está debatiendo actualmente en Reino Unido e Italia. Una garantía estatal reduciría aún más los riesgos y permitiría reducir los costes de titulización. «Esta evolución podría resultar muy positiva, ya que despejaría el riesgo regulatorio, especialmente para las empresas con grandes contratos de suministro (por ejemplo, EON o Enel)», añaden.
Para ilustrar cómo funcionaría el mecanismo, Goldman Sachs pone de ejemplo el caso de una familia italiana con un consumo de electricidad de 2.750 kilovatios hora (kWh). Según sus estimaciones, en 2021 gastó de media casi 100 euros al mes en facturas de gas, mientras que en el actual escenario de crisis el recibo se alzaría hasta los 220 euros este año y por encima de los 300 euros en 2023. Pues bien, en su opinión, el déficit tarifario repartiría el coste de estas facturas a lo largo del tiempo, con un hipotético caso de aumento anual del 8% en las facturas hasta 2040. Esto implicaría que la factura de gas se mantenga estable durante las próximas dos décadas.
Históricamente, el componente energético de las facturas de gas y electricidad ha representado entre el 20% y el 25% del total de lo que pagan los usuarios finales en sus recibos. No obstante, bajo la coyuntura actual, se ha elevado hasta un 70% aproximadamente, según el análisis del banco estadounidense.
Las facturas suelen tener cinco componentes: la energía, es decir, la compra de gas o el coste de generación de electricidad; el coste de transportar el gas y la electricidad a los clientes finales; las actividades de suministro; los cargos del sistema, que suelen incluir las subvenciones a las renovables en el pasado; y los impuestos.
En Europa, los precios de la electricidad en el pool se fijan mediante subastas horarias en las que la central eléctrica más cara (marginal) fija el precio para una hora concreta. Según el informe de Goldman Sachs, en Europa, las centrales de gas son marginales durante aproximadamente el 75% del tiempo, a pesar de que solo representan una cuarta parte de la demanda eléctrica europea.
Reforma del mercado eléctrico europeo
No obstante, la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado que la Comisión Europea (CE) estudie ahora -tras varias negativas a las peticiones de España- aplicar un techo al precio del gas en el seno de la UE, reformar el mercado eléctrico y posibles planes de ahorro de electricidad, aparte de los ya puestos en marcha para reducir la demanda de gas, como respuesta a la subida de precios en el recibo de la luz.
Estas medidas se debatirán este viernes en la reunión extraordinaria de los ministros de Energía europeos. Los planes voluntarios adoptados por los Veintisiete buscan reducir un 15% de la demanda, con la excepción de España y Portugal, donde la ambición se reduce al 7% por su situación de isla energética. Se espera que los primeros informes sobre la medida lleguen en octubre y los Estados miembro podrán aplicar una alerta para que los planes pasen a ser obligatorios si la situación se agrava.
En España, el Gobierno ya ha puesto en marcha un plan de ahorro energético que limita a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, mientras que a partir de las 22:00 horas se deben apagar las luces de escaparates y edificios públicos. Todas estas medidas estarán en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023.
Agencias