Denota escasa sensibilidad con las víctimas que el nuevo fiscal general casi se estrene en el cargo con esta polémica
NotMid 23/07/2022
EDITORIAL
La imputación de tres de los cuatro ex jefes de ETA señalados gracias a la labor de la Guardia Civil como autores intelectuales del secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco fue acogida por las víctimas del terrorismo y la sociedad en general con enorme satisfacción. El magistrado, al aplicar la figura de la autoría mediata por dominio de la organización a los jefes de ETA, ha abierto una esperanzadora vía para acabar con todo resquicio de impunidad ante un crimen tan vil; de hecho, la hermana del concejal popular, Marimar Blanco, pidió este viernes personarse en la investigación.
Supone, por todo ello, un jarro de agua fría el movimiento de quien va a sustituir a Dolores Delgado como fiscal general, que, como avanzábamos este viernes, rechaza las acusaciones esgrimiendo que los delitos habrían prescrito. El criterio de Álvaro García choca con el del fiscal del caso, González Mota, quien en un informe sostiene que el plazo de 20 años para la prescripción no empezaría a contar hasta el momento del arresto de los imputados, que se produjo en 2004, por lo que sí podrían ser encausados.
Hoy publicamos el revelador intercambio de correos electrónicos en los que queda claro el choque de posiciones. Y cuando menos sorprende la celeridad del futuro fiscal general y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en un asunto técnico con una actuación del todo inhabitual en una etapa procesal tan preliminar. Y es que, dos días antes del interrogatorio para el que fueron llamados los antiguos líderes etarras Mikel Antza y Anboto, González Mota recibió de Alonso la directriz sobre la prescripción, informándole de que así lo establecía tras ser consultada la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, que tiene al frente a la mano derecha e inminente sustituto de Delgado. Como muestra de su desacuerdo, el fiscal del caso renunció al mismo ausentándose de la declaración de los encausados.
No se entiende la falta de respaldo a quien había decidido acusar y el apresuramiento de sus superiores para impedírselo si no es porque, como a nadie se le escapa, el asunto provoca gran agitación en el poder. Las iniciativas de jueces como García Castellón para evitar que se entierre de manera impune la memoria de los asesinados, explorando todos los márgenes que permita la legalidad, tienen tanto respaldo de instituciones como el Parlamento Europeo -que reclamaba que se investiguen los crímenes de ETA sin resolver como delitos de lesa humanidad- como incomodidad provocan en el Gobierno por su dependencia de Bildu.
Denota escasa sensibilidad con las víctimas que el nuevo fiscal general casi se estrene en el cargo con esta polémica, cuando lo razonable es que desde el Ministerio Fiscal se intente todo lo posible para que se haga justicia con Miguel Ángel Blanco 25 años después. Todo abunda en la falta de idoneidad de Álvaro García, que ha obtenido el plácet no vinculante del CGPJ, con siete vocales en contra, que se limita a concluir que reúne los «requisitos legales» para su nombramiento. Otra cosa es que su perfil sea adecuado.
