Delgado debía haber dimitido mucho antes por el bien de una institución medular y su sustituto carece del perfil idóneo
NotMid 20/07/2022
EDITORIAL
Es ingenuo creer que la dimisión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado «por razones de salud» justo ahora no guarda relación con el duro tirón de orejas la semana pasada de la Comisión Europea a nuestros poderes públicos por la politización judicial. Además de la exigencia para la renovación y el cambio de sistema de elección del CGPJ, Bruselas volvía a instar a España a desligar la Fiscalía General del control del Gobierno con el reforzamiento de un estatuto que salvaguarde su imprescindible independencia. Delgado ha estado cuestionada por su polémica trayectoria en un cargo al que fue aupada por Sánchez desde el Ministerio de Justicia, sin solución de continuidad, lo que representó una grave anomalía para nuestro Estado de derecho. Al vicio de origen sobre su nombramiento le ha seguido todo un rosario de decisiones en las que ha prevalecido el sectarismo sobre cualesquiera otros criterios.
El Ministerio Público sufre desde hace meses una crisis sin precedentes causada por el ejercicio de su titular. La situación se antojaba a todas luces insostenible. Continuas injerencias al servicio de la estrategia política de Moncloa, maniobras para obstruir o avivar, según los casos, investigaciones a conveniencia del Gobierno, y una política de nombramientos contaminada por su manifiesto partidismo habían minado todo el crédito de la fiscal general. Escandaloso ha sido que su asociación, la UPF -que apenas cuenta con 238 asociados de los 2.500 fiscales que hay en España-, tenga hoy una cuota de representación en la Junta de Fiscales de Sala nunca antes alcanzada como consecuencia de que Delgado, lejos de primar el mérito y la capacidad de los aspirantes, se haya dedicado a premiar la afinidad ideológica y la afiliación, pasando del margen razonable de discrecionalidad a la burda arbitrariedad. Y escandalosos también resultaban los choques institucionales que la ex ministra sanchista ha protagonizado sin ir más lejos con sus desafíos al Supremo en asuntos como la promoción del fiscal coordinador de Menores pese a la anulación del nombramiento en dos sentencias del Alto Tribunal.
Dolores Delgado debía haber dimitido mucho antes por el bien de una institución medular. Y para devolverle el necesario crédito no tiene el perfil idóneo quien se anuncia por el Gobierno como su sustituto, Álvaro García Ortiz, mano derecha de la misma Delgado. El jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado no cuenta con un currículum brillante. Y se ha caracterizado por ser el ejecutor de las instrucciones de su todavía jefa en intervenciones irregulares como la del fiscal Stampa, el investigador del caso Villarejo que no consiguió una plaza en Anticorrupción por las maniobras de Delgado.
Por si fuera poco, García Ortiz no ha dudado como fiscal en participar en actos partidistas del PSOE, lo que arruina la imagen de escrupulosa imparcialidad y neutralidad que exigen este cargo. Mal hará Sánchez en repetir la misma cacicada esgrimiendo su impúdica frase “¿de quién depende la Fiscalía?”, cuando lo que urge es la modificación del estatuto del Ministerio Público para garantizar su autonomía real y que pueda cumplir las dos funciones principales mandatadas por la Constitución: defender el interés público y la independencia judicial.