NotMid 19/05/2026
OPINIÓN
José Luis Rodríguez Zapatero no es solo el primer expresidente del Gobierno imputado por graves delitos de corrupción. Su citación judicial como presunto «líder» de una trama internacional de tráfico de influencias, sumada al demoledor auto del juez instructor, compromete de forma directa al Ejecutivo y, personalmente, a Pedro Sánchez. Este golpe no impacta en un satélite del PSOE ni en un jarrón chino retirado: da de lleno en el corazón ideológico y de poder del sanchismo. Y lo hace por tercera vez, tras los escándalos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La excepción parece revelarse como norma, sugiriendo que la corrupción no ha sido una anécdota, sino un elemento indivisible del proyecto político de Sánchez.
Porque si Zapatero pudo usar su ascendencia en las altas instancias del Estado para lucrarse —con un beneficio estimado de al menos dos millones de euros—, fue gracias a la influencia que el presidente y secretario general del PSOE le concedió. Zapatero no es un expresidente al uso. Al contrario: lleva años actuando como el líder moral, el principal revulsivo electoral y el alma misma del partido.
Además, se ha consolidado como un consejero de la máxima confianza de Sánchez, quien lo convirtió en un activo clave para las negociaciones con Carles Puigdemont y en su ministro de Exteriores de facto, especialmente con Venezuela. Todo ese patrimonio político terminó convertido en un lucrativo negocio: Zapatero SA.
Una trama global bajo la lupa judicial
El auto del juez José Luis Calama es extenso, sólido y se apoya en las «múltiples evidencias» recopiladas por la UDEF. Los indicios sitúan a Zapatero como el «núcleo decisor y estratégico» de una trama que maniobró para el rescate de la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra. Sin embargo, su capacidad de acción va mucho más allá: el texto judicial refiere «operaciones internacionales de alto valor económico» vinculadas al petcoke (un derivado del petróleo), oro, divisas y compraventa de acciones, con administraciones y empresas no solo de Venezuela, sino también de China y Emiratos Árabes Unidos.
Existen conversaciones, reuniones, contratos y un chat integrado por el propio Zapatero, Julio Martínez y Javier de Paz que desmonta las inverosímiles explicaciones del expresidente. El juez le atribuye indiciariamente delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales a través de una sociedad offshore constituida en Dubái. Todo indica que estamos ante el principio de una investigación sobre una gran red global de ramificaciones inquietantes.
La Audiencia Nacional eleva así a categoría judicial las sombras de un caso que EL MUNDO lleva meses desvelando. El magistrado describe una estructura estable y jerarquizada, con sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos. La responsabilidad del Gobierno es inocultable: no existe tráfico de influencias eficaz si el poder influido no se deja influir. Y fue la SEPI, dependiente del ministerio de María Jesús Montero, la que concedió en 2021 un rescate que posteriormente aprobó el Consejo de Ministros.
Un negocio a la sombra del poder
La constitución de la firma Análisis Relevante justo tras el nacimiento del Gobierno de coalición añade un indicio político imposible de ignorar. Una sociedad sin empleados, nutrida por los pagos de una aerolínea rescatada con 53 millones de euros públicos y convertida en canal de ingresos para Zapatero y la empresa de sus hijas, no puede despacharse como una consultoría convencional. Menos aún cuando el auto apunta a contratos elaborados ad hoc para dificultar la trazabilidad del dinero.
La responsabilidad política no admite evasivas. Sánchez debe explicar por qué su Gobierno aprobó una operación bajo sospecha, por qué su partido se apresuró a blindar al expresidente antes de conocer los indicios y por qué él mismo ordenó proteger el «buen nombre» de quien acaba de ser señalado como presunto comisionista de una red internacional.
La reacción del PSOE vuelve a desautorizar el relato de la Moncloa. Mientras Sánchez se presenta ante el mundo como el adalid del Estado de derecho, ordena a su partido activar el reflejo populista de desacreditar a los jueces en cuanto las investigaciones salpican a los suyos, emulando la estrategia ya vista con Begoña Gómez, el fiscal general, Ábalos o Cerdán.
Las sospechas sobre los vínculos del Ejecutivo con el régimen chavista y con Delcy Rodríguez se multiplican, y la línea entre los grandes principios políticos y el negocio económico más inmoral se vuelve indistinguible. El daño más grave, con todo, no lo sufre el PSOE: lo padece el conjunto de los ciudadanos, la confianza en las instituciones y el prestigio internacional de España.
Agencias