El deportista había participado de las protestas en favor de los derechos humanos de las mujeres que sacuden al país y ahora enfrenta la pena máxima
NotMid 16/12/2022
ASIA
“Enemistad con Dios”. Ese es el delito por el que han sido ahorcadas dos personas por su implicación en las protestas que sacuden la República Islámica de Irán y que hunde sus raíces en la sharía o ley del islam. Ese mismo “delito” es el que puede llevar a la muerte al futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, quien había participado de las protestas en favor de los derechos humanos de las mujeres que sacuden al país y ahora enfrenta la pena máxima.
Las manifestaciones comenzaron por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico en septiembre, pero los manifestantes piden ahora el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
Tras casi tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos, las autoridades han comenzado a ejecutar a manifestantes para tratar de controlar unas movilizaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres, que piden más libertades.
Y el principal “delito” del que se ha acusado a los dos ejecutados a muerte hasta ahora y a otros nueve presos que están en el corredor de la muerte es “moharebe”, que se puede traducir como “enemistad contra Dios”, “enemistad con Dios” o “guerra contra Dios”.
Ley divina
“El islam dice que ‘mohareb’ -la persona que comete ‘moharebe’- es aquel que viola la ley divina y celestial, que es la sharía”, explicó a la agencia de noticias EFE el clérigo Yalal Mohebí, en el santuario Saleh del norte de Teherán.
El octogenario clérigo sostiene que “la ley humana puede contener errores, porque el ser humano puede cometer errores, pero Dios no” y de ahí la importancia de las “leyes de Dios”.
En un plano más terrenal, Mohebí define como “mohareb” a quien “ataca a otros seres humanos, bloquea calles o plazas, organiza disturbios y crea el terror y la inseguridad entre la población” y así aparece en el artículo 279 del Código Penal Islámico del país persa.
En esta fotografía tomada en Teherán el 1 de octubre de 2022, varios iraníes protestan por la muerte de Mahsa Amini (AP Foto/Middle East Images/Archivo)
Esos son los delitos por los que fue ejecutado el joven de 23 años Mohsen Shekari el 8 de diciembre, en la primera ejecución de una persona por participar en las protestas.
Shekari hirió con un cuchillo a un basiji -miliciano islámico-, quien necesitó 13 puntos de sutura, bloqueó una calle y creó el terror en Teherán, según informó la Justicia iraní, lo que conllevó la acusación y condena por “enemistad contra Dios”.
Esa ejecución provocó una oleada de críticas internacionales, además de por las dudas del acelerado proceso judicial, por el ahorcamiento de una persona por herir a otra.
Pero ese es el castigo previsto para los “mohareb” en la legislación iraní y que Mohebí defiende como “adecuado”.
“El propio Dios en el Corán, que es libro de Dios y palabra de Dios, claramente ha determinado los castigo para los mohareb”, explica Mohebí, que es representante en el norte de Teherán del líder supremo, Ali Jameneí.
Y enumera los castigos: “Matarlos, o ahorcarlos, cortarles la mano derecha y el pie izquierdo o al revés, o el destierro”, que recoge el Código Penal iraní en su artículo 282.
Ejecución pública
Solo cuatro días más tarde de la primera ejecución, fue ahorcado públicamente Majid Reza Rahnavard, también de 23 años, por el presunto asesinato de dos basijis en Mashad (noreste), tras ser condenado en un juicio de un día por “enemistad contra Dios”.
La ejecución pública es un procedimiento que había caído en desuso en los últimos años en Irán en un intento por mejorar la imagen del país, uno de los principales del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones -la mayoría por delitos de drogas- en 2021, según Amnistía Internacional.
Esa ejecución volvió a provocar un aluvión de críticas y ahora se teme por la vida de otros nueve presos que han sido condenados a la pena máxima, la mayoría por “enemistad contra Dios” por crear el terror entre la población, dañar bienes públicos y herir o matar a agentes de seguridad.
Además, solo en Teherán 400 personas han sido condenadas a entre dos y 10 años de prisión por su participación en las protestas.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la ONU han denunciado los juicios como “farsas”, “injustos” y una “venganza”, mientras que numerosos países occidentales han criticado las penas.
Incluso una asociación de clérigos reformistas, la Asamblea de Docentes e Investigadores del Seminario de Qom, expresó su preocupación por las ejecuciones y el uso del cargo de “enemistad contra Dios”.
“No pueden ser considerados mohareb los ciudadanos que ejercen su derecho a protestar contra la situación injusta del país y se defienden de la violencia de los agentes”, indicó el colectivo en un comunicado.
Sin embargo, las autoridades iraníes se mantienen imperturbables frente a esas críticas.
“Debemos aplicar las normas legales con la mayor precisión y, si es necesario, urgencia”, dijo a medios el jefe del Poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, tras la ejecución pública de Rahnavard.
“Debemos saber que Dios nos está observando siempre y no deberíamos preocuparnos de los que nos critican”, añadió.
Agencias