NotMid 25/04/2026
IberoAmérica
El gobierno de Donald Trump ha decidido flexibilizar su régimen de sanciones con un objetivo pragmático: permitir que Nicolás Maduro y Cilia Flores utilicen fondos públicos venezolanos para costear su defensa legal. Esta medida responde a la vía sugerida por el juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, para garantizar la continuidad de un proceso que podría culminar en cadena perpetua para el jerarca chavista, capturado tras la histórica operación militar del 3 de enero.
Para viabilizar los pagos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) debió emitir licencias específicas que permitan a los bufetes neoyorquinos recibir honorarios millonarios transferidos desde Caracas. La carencia de fondos se había convertido en el primer ardid de la defensa para intentar anular el juicio alegando indefensión, un obstáculo que Washington ha preferido remover para evitar vicios procesales.
Maduro enfrenta cuatro cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento pesado. La ironía es sangrienta: incluso tras las rejas en Estados Unidos, el dictador derrocado seguirá vaciando las arcas de los venezolanos para intentar salvarse.
A sus 92 años, el juez Hellerstein ha mostrado una determinación cautelosa. Su prioridad es blindar el proceso contra futuras apelaciones, otorgando a Maduro unas garantías procesales que el chavismo negó sistemáticamente a miles de perseguidos políticos. Mientras el dictador accede a una defensa de élite pagada por el Estado, en Venezuela los opositores son sometidos a juicios sumarios con abogados impuestos y pruebas fabricadas bajo el esquema judicial que Cilia Flores controló con mano de hierro durante una década.
El “perdón” parcial de la OFAC no es un cheque en blanco; las condiciones dictan que los fondos deben provenir de las operaciones económicas reactivadas entre ambos países desde marzo. Según el Departamento del Tesoro, estas licencias “resuelven los problemas subyacentes” que amenazaban con detener la acusación.
Mientras tanto, el tablero político en Caracas acelera su metamorfosis. Ayer se produjo el primer encuentro formal en el Palacio de Miraflores entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y John Barrett, el nuevo jefe diplomático de EE. UU. Rodríguez, antigua mano derecha de Maduro y ahora artífice de la transición, subrayó su disposición a una “agenda de respeto mutuo”.
Desde su ascenso al poder, Delcy Rodríguez se ha dedicado a desmantelar la estructura del “madurismo”. Su movimiento más reciente ha sido la jubilación forzada de magistrados clave del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre ellos Maykel Moreno, el otrora todopoderoso ejecutor judicial de la pareja presidencial. El mensaje es claro: mientras Maduro pelea su destino en una celda de Nueva York, su legado en Caracas está siendo desahuciado por quienes antes le servían.
Agencias