NotMid 06/07/2023
EDITORIAL
La decisión del Tribunal General de la Unión Europea de confirmar la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont constituye una victoria de la Justicia española. Seis años después de fugarse tras el referéndum ilegal del 1-O, el proceso se va inclinando en contra de sus intereses. Esto es posible gracias al rigor y la tenacidad de Pablo Llarena. El instructor de la causa del procés podría reactivar ahora la euroorden contra el ex presidente catalán, quien ayer se permitió de nuevo en sede comunitaria cuestionar el Estado de derecho en España. En todo caso, la extensión de este recorrido judicial, además de dar alas a una fuerza disolvente de los valores europeos como el separatismo, muestra el fracaso de un mecanismo basado en la confianza mutua entre Estados miembros. A esta erosión ha contribuido el Gobierno despenalizando la sedición y abaratando la malversación -delito que pesa sobre Puigdemont- a cambio del apoyo de ERC.
La sentencia supone un varapalo para los secesionistas, aunque el ex president puede alargar su impunidad recurriendo a una instancia superior. En 2019, Pedro Sánchez se comprometió a «traer a Puigdemont de vuelta a España». Tal como ayer pidió Emiliano García-Page, el Gobierno debería aplicarse para que «venga cuanto antes». A Puigdemont se le acaban las coartadas para no rendir cuentas en España.
