Si don Juan Carlos establece su residencia fiscal en Emiratos, sus actividades económicas y su patrimonio quedarán ya definitivamente fuera del radar de la Administración española
NotMid 28/01/2023
EDITORIAL
La equivocada decisión de Juan Carlos I de retirarse a una dictadura como los Emiratos Árabes Unidos se confirma ahora con su propósito de establecer su residencia fiscal allí, con lo que sus actividades económicas y su patrimonio quedarán ya definitivamente fuera del radar de la Administración española. Se trata de un paso de enorme carga simbólica y política que, por un lado, constata su voluntad personal de no regresar a España de forma permanente y, por otro, implica la consagración de la opacidad sobre la financiación del Rey padre.
Según hemos desvelado en nuestras páginas, el Emérito ha iniciado los trámites para trasladar su residencia fiscal a Emiratos, basándose en dos argumentos recogidos en la ley: que en España ya no radica «el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos», y que tampoco pasa ya más de 183 días al año en nuestro país. Si esos trámites prosperan, don Juan Carlos dejará de ser contribuyente español para serlo de un centro financiero opaco cuyos habitantes no declaran el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni pagan impuestos por sus ganancias personales. El padre de Felipe VI se blinda de esta manera del control de la Hacienda española y también ante las eventualidades ligadas al conflicto judicial iniciado por Corinna Larsen.
La Constitución blinda la inviolabilidad del monarca durante su reinado, con el fin de preservarlo de los ataques constantes de los que podría ser objeto en forma, por ejemplo, de demandas judiciales que luego quedaran archivadas. Sin embargo, a cambio de tal inviolabilidad el jefe del Estado paga un precio: el de la ejemplaridad, de modo que cuando su conducta incumple tal mandato, debe abandonar el cargo. Es lo que ocurrió con Juan Carlos I, cuyos escándalos dinerarios, como la existencia de un abultado patrimonio oculto, empujaron a su hijo a apartarlo de la Casa Real y de las actividades oficiales de la Corona, e incluso a renegar de la futura herencia paterna.
En agosto de 2020 Juan Carlos anunció su decisión de abandonar España para «contribuir» a que su hijo pudiera desarrollar su función «desde la tranquilidad y el sosiego». Tal opción habría tenido sentido si el lugar elegido hubiera sido un país democráticamente equiparable a España. Abu Dabi, donde además suelen acompañarle figuras rodeadas de sospechas, no cumple con los requisitos exigibles.
Aunque su título de rey sea honorífico, don Juan Carlos sigue ostentando una posición institucional y atesorando un patrimonio político clave, fundamentado en su imprescindible papel en la Transición. Por ambas razones debe actuar con transparencia y sentido de Estado. Lo contrario será siempre una mala noticia para la democracia española, de la cual la monarquía parlamentaria es una pilar esencial. El daño a la imagen de la Corona, que Felipe VI encabeza con gran responsabilidad, y a la imagen exterior de nuestro país es innegable.