NotMid 27/12/2024
EDITORIAL
Los mensajes que Koldo García intercambiaba con Ángel Víctor Torres y su actual jefe de Gabinete, Antonio Olivera, son la prueba de cómo el hombre de confianza de José Luis Ábalos explotaba su influencia para conseguir gestiones de interés particular de la trama. Y muestran, por la fuerza de los hechos, cómo cualquier cargo del PSOE se sometía ante su poder. No es una sorpresa: el Tribunal Supremo investiga a Koldo y al propio Ábalos por cobrar presuntas mordidas a cambio de utilizar, precisamente, su posición de ascendencia, un poder que Pedro Sánchez dio a Ábalos al colocarlo al mismo tiempo como ministro de la cartera con más presupuesto, encargado de la obra pública, y secretario de Organización, dueño del aparato del partido y de las listas. Una capacidad de intimidación de la que Koldo era la correa de transmisión pacíficamente asumida. Ahí está la raíz de la corrupción.
La actitud servicial que Torres y Olivera exhiben en los mensajes ante Koldo corroboran hasta dónde llegaba la influencia de la trama: hasta ver a todo un presidente autonómico, representante de millones de ciudadanos, plegarse a las presiones de los que cobraban sobornos. Que después Koldo reenviase los whatsapps al empresario Víctor de Aldama, probablemente para acreditar méritos ante el pagador, es la pistola humeante de la responsabilidad política de Torres.
El hoy ministro no está imputado en el caso Koldo, pero cada vez está más comprometido. La prontitud con la que él y su jefe de Gabinete respondían a las exigencias de Koldo cuando estaban en el Gobierno de Canarias lo colocan bajo indudable sospecha. El Ejecutivo y sus satélites mediáticos tratan de hacer creer al ciudadano que, más allá del devenir de un proceso judicial que desprestigian, la responsabilidad política ha dejado de existir. No es así.
Hoy publicamos que los partidos del Gobierno canario llevarán a Torres a declarar ante la Comisión Especial de Cuentas del Parlamento autonómico por «prevaricación». No se trata sólo del PP, que exige su dimisión, sino también de Coalición Canaria, socio de investidura de Pedro Sánchez y que en 2019 dio su apoyo al propio Torres para presidir Canarias. Los nacionalistas acusan al ministro de «mentir» cuando este negó haber intercedido en contrataciones de la trama. Y dan el visto bueno al informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que ha tumbado los acuerdos económicos que Torres y su equipo firmaron durante la pandemia, especialmente los vinculados al caso Koldo.
Torres no puede esquivar una responsabilidad política que acreditan los hechos. Hoy no hay pruebas de que el ministro pidiese, a través de Koldo, mordidas a Aldama, como declaró este, pero sí de su actitud servicial con la trama y de que mintió cuando sólo reconoció «contactos institucionales» con Koldo y negó cualquier relación comercial con él o que intercediera en favor de sus intereses particulares. ¿Por qué procedió así? La falta de credibilidad y su modo de implicarse hacen verosímiles las acusaciones.