El Gobierno, antes abanderado de la acogida de migrantes, está obligado ahora a esclarecer la tragedia ocurrida en Melilla, fruto de la estrategia migratoria con la que Marruecos chantajea a España. El Ministerio del Interior no puede ahora lavarse las manos
NotMid 01/12/2022
EDITORIAL
Con la información actualmente en poder del Gobierno resulta inadmisible que el ministro Fernando Grande-Marlaska continúe enrocado en defender de forma numantina su primera versión sobre el asalto a la valle de Melilla en el que perecieron, según fuentes oficiales, 23 migrantes al intentar ingresar en España. Las investigaciones periodísticas -el documental de la BBC y el reportaje conocido esta semana del grupo internacional Lighthouse Report-, las declaraciones de la Comisión del Interior desplazada hasta la ciudad autónoma, el testimonio de las ONG y las críticas de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa no parecen afectar al titular de Interior, que se atrinchera en el discurso victimista de ser objeto de una persecución mediática y política, y sostiene sin matiz alguno que la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en la frontera fue proporcional, profesional, ajustada a derecho, y que ninguna muerte tuvo lugar en territorio español. Igual de inaceptable es el silencio del presidente, Pedro Sánchez, quien solo se pronuncia para insistir en que Grande-Marlaska «es un gran ministro».
El ala socialista del Ejecutivo se han quedado aislada en la testaruda defensa de una versión de los hechos. Es necesario estudiar detenidamente y sin presiones el material aportado por periodistas, fuerzas de seguridad y ONG, pero todo apunta en este momento a que caben dudas razonables sobre lo que realmente ocurrió sobre suelo español. Sin embargo, la búsqueda de la verdad choca contra el silencio inexplicable y la falta de colaboración del Gobierno. Esta actitud daña seriamente la reputación de España ante el resto del mundo, donde el mortal incidente ha sido difundido por los medios de comunicación. Y, más preocupante aún, afecta ya a la credibilidad de nuestro país ante la Unión Europea, cuya presidencia de turno ostentará Pedro Sánchez en el segundo semestre de 2023.
Es inquietante para nuestro posicionamiento geoestratégico el ambiguo mensaje que lanzan las inusualmente frecuentes visitas del titular de Exteriores, José Manuel Albares, a su homólogo marroquí tras el histórico giro emprendido unilateralmente por Pedro Sánchez sobre el Sáhara occidental y las sospechas de que Rabat habría espiado al Ejecutivo español con el programa Pegasus. «La cooperación con otros Estados debe hacerse respetando los derechos humanos», advirtió a España esta semana el Consejo de Europa, preocupado por la falta de colaboración de Moncloa en este caso, más propia de un país donde se actúa con desprecio a los valores democráticos, como es el caso de Marruecos.
El Gobierno, antes abanderado de la acogida de migrantes, está obligado ahora a esclarecer la tragedia ocurrida en Melilla, fruto de la estrategia migratoria con la que Marruecos chantajea a España. El Ministerio del Interior no puede ahora lavarse las manos. Grande-Marlaska, además, debe dotar a los escasos agentes fronterizos destacados de mejor material antidisturbios y de las cámaras de grabación individuales que los agentes reclaman desde hace años.