El Gobierno impone las lenguas cooficiales en el Congreso y lo intenta en la UE para lograr el apoyo de un prófugo
NotMid 19/09/2023
EDITORIAL
Mientras los problemas reales se agolpan en España, el Gobierno en funciones continúa enfrascado en sus cesiones al independentismo para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, con la convivencia lingüística y la imagen exterior de nuestro país como monedas de cambio.
La primera factura que se cobra Junts es la introducción del catalán, el euskera y el gallego como idiomas de uso en los plenos del Congreso de los Diputados, en un acto de unilateralidad opuesto al necesario consenso con el que Francina Armengol paga al partido de Carles Puigdemont su elección como presidenta de la Cámara. La segunda factura, encaminada también a satisfacer a un prófugo de la Justicia, es el inédito desgaste de la diplomacia española ante las autoridades europeas, que hoy tratarán la petición del Gobierno, extemporánea por su urgencia y «sorprendente» para varios de los grandes países de nuestro entorno, de que los tres idiomas sean oficiales en la UE.
En el terreno comunitario, el Gobierno está desplegando todos los medios a su alcance, hasta el punto de que José Manuel Albares asistirá a la reunión del Consejo de Asuntos Generales, en la que nunca participan ministros sino secretarios de Estado. Un sobresfuerzo que tendrá un coste político, pues sitúa a España en una posición de debilidad. La operación, en todo caso, parece de orden cosmético: el cambio requiere la unanimidad de todos los países miembros, cuando Suecia y Finlandia se niegan y Francia ha sido históricamente reacia a estas demandas. No se trata únicamente de una cuestión de dinero, sino de operatividad, y lo suficientemente relevante como para que sea estudiada con detenimiento. El efecto inmediato es el daño a la imagen de un país cuyo presidente en funciones plantea como prioritario un cambio de calado que solo responde a un interés espurio. Sin un debate sosegado y sin consenso del Parlamento español, los socialistas buscan contentar a los socios más reaccionarios de su «bloque plurinacional».
España es un país con lenguas diversas. El catalán, el euskera y el gallego son ampliamente promovidos en las comunidades autónomas donde son cooficiales, en ocasiones incluso conculcando los derechos de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, y como han subrayado medio centenar de ex ministros y ex parlamentarios -entre ellos, destacados socialistas-, el castellano es la lengua en la que se entienden todos los españoles. Con el cambio del reglamento del Congreso, el Gobierno no hace un reconocimiento simbólico a estos idiomas, sino que da un nuevo paso en la negación del español como lengua común. El objetivo es la desvertebración de la España cívica y constitucional. Por ello es inaceptable que el PSOE imponga una modificación que rechazó en junio de 2022 y que ahora solo defiende para conservar el poder.
