Si bloquear la alternancia en el poder en contra del pluralismo político pasa a ser una cuestión de interés general, como argumentó ayer Sánchez, todo está justificado
NotMid 16/11/2023
EDITORIAL
Si en España, una de las democracias de mayor calidad en Europa y en el mundo, bloquear la alternancia en el poder en contra del pluralismo político pasa a ser una cuestión de interés general, como argumentó ayer Pedro Sánchez en la primera sesión de su investidura, todo está justificado. A la anomalía democrática de que el presidente en funciones haya pactado su investidura -y su futuro Gobierno- con un prófugo de la Justicia en un país extranjero se añadió un extraordinario salto adelante en la estrategia polarizadora que caracteriza al secretario general del PSOE. Sánchez se erigió en el primer candidato a la Presidencia que no solo no aspira a gobernar para la mitad de España, sino que lo hará en su contra.
Una de las premisas en las que se basa esta investidura contiene una falsedad fundamental. No es cierto que el presidente sea la única alternativa a un Gobierno de PP y Vox: tras el 23-J Alberto Núñez Feijóo le ofreció un acuerdo que Sánchez rechazó. El bloque plurinacional no es una condena, sino una decisión consciente: la de expulsar al centroderecha del espacio democrático.
Por eso, en un discurso netamente frentista, Sánchez convirtió al rival político en una caricatura semifascista que nunca debe gobernar. Al menos una incoherencia quedará para la historia: llamó a levantar un «muro» precisamente en nombre de la «convivencia». Se trata de una concepción muy peligrosa de la democracia: la mayoría parlamentaria puede decidir por encima de cualquier contrapeso, por encima de las mismas reglas de convivencia y por encima de la mitad del país.El ejemplo más claro es una amnistía a la carta e inconstitucional, para quienes perpetraron el mayor golpe a la convivencia de nuestra historia reciente, a cambio de los 14 votos que le asegurarán su continuidad en el poder.
Con el objetivo de blanquear los pactos contrarios a la igualdad entre españoles y entre territorios que ha sancionado con Junts, ERC y el PNV, el presidente se entregó a la deslegitimación de la oposición y de los ciudadanos que votaron al PP, a Vox o a UPN. En lugar de presentar un programa de gobierno, como debía, enarboló un discurso agresivo contra el PP y contra el propio Feijóo. Equiparó a los populares con la ultraderecha y con populistas como Trump u Orban. Y acusó al líder del PP de fundirse con las veleidades franquistas de Vox. «Lo que se decide hoy es cuál de esos dos caminos opuestos tomamos», dijo, «el avance o el retroceso (…). O abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos erigiendo un muro de democracia, convivencia y tolerancia».
La demonización del PP llegó al extremo de culparle del procés. Como ya hizo en el pacto firmado con Carles Puigdemont, en el que aceptó en términos de máximos cada una de sus peticiones -desde el verificador internacional a la criminalización de los jueces-, Sánchez asumió el relato del independentismo. El resultado de la gestión del PP en Cataluña, basada en la «imposición», dijo, fue «la mayor crisis institucional, territorial y constitucional de nuestra democracia». El 1-O, según el dirigente socialista que en 2017 apoyó la aplicación del artículo 155, no lo desencadenaron los partidos secesionistas que se saltaron la ley, sino el PP. La historia se reescribió en el Congreso, mientras Junts volvía a retratar la extrema debilidad del presidente. Su portavoz, Míriam Nogueras, exhibió el poder de un partido que apenas cuenta con el 1% de los votos: «Está a tiempo de desistir: si no se avanza [en el pacto], no apoyaremos ninguna iniciativa de su Gobierno». Cada acción de Sánchez durante toda la legislatura estará sometida a las exigencias del secesionismo, que no renuncia a volver a declarar unilateralmente la independencia y que ve la amnistía no como un medio para la concordia, sino para un referéndum de autodeterminación.
La réplica de Feijóo fue acertada: defendió la España de ciudadanos libres e iguales que están dispuestos a movilizarse pacíficamente para defender el Estado de Derecho y una idea compartida y solidaria de la nación. Sus intervenciones estuvieron cargadas de autoridad política y moral, a diferencia del discurso exaltado de Santiago Abascal, quien llegó a hacer un paralelismo entre Sánchez y Hitler. Con su estridencia, el dirigente de Vox se extravió una vez más de la senda de la razón.
A la erosión democrática sufrida en el Congreso contribuyó la ausencia de la debida neutralidad de Francina Armengol, mientras el hemiciclo se veía blindado policialmente en una escenificación exagerada que contribuyó al clima de excepcionalidad democrática que quiere asentar el presidente. La sesión anticipa una legislatura extremadamente tensa y cautiva de la radicalidad.