NotMid 09/08/2024
EDITORIAL
Una democracia avanzada es incompatible con los hechos que ocurrieron ayer en Barcelona. Carles Puigdemont humilló al Estado y lo hizo con la connivencia de algunos cuya función es protegerlo. La burla a las instituciones y a la ciudadanía es gravísima y procede del aliado parlamentario que sostiene a Pedro Sánchez en el poder, lo que vuelve a señalar la irresponsabilidad del Gobierno al asumir como socio para reconfigurar el Estado a un partido en cuya razón de ser está actuar contra la democracia y el propio Estado.
Es un fracaso del Estado de Derecho que Puigdemont no fuese arrestado al cruzar la frontera. Y aún resulta más grave que se le permitiese pasear con normalidad por las calles de Barcelona -al lado de autoridades como el presidente del Parlament, Josep Rull, escoltado por mossos-, darse un baño de masas en un mitin convocado con anterioridad y, después, huir en medio de un amplísimo dispositivo policial que sólo tenía un mandato: cumplir la orden de detención del juez. No lo cumplió, de manera inverosímil, y el hombre que llevaba siete años fugado reapareció, habló y se fue a la vista de todos sin que los Mossos lo detuvieran. El descrédito de un cuerpo de seguridad señalado por plegarse al independentismo es hoy total.
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La burla de Puigdemont es especialmente lesiva también por la connivencia del nuevo president, Salvador Illa. En su investidura asumió el marco independentista al exigir la aplicación de la Ley de Amnistía para el ex presidente catalán y justificar su nueva huida. «Nadie ha de ser detenido por los hechos que los representantes de los ciudadanos han decidido amnistiar», dijo. El líder del PSC defendió la idea de la plurinacionalidad, evidenciando que lo que va a hacer en la Generalitat es asumir el legado de los republicanos y avanzar en el modelo confederal.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, está citado a declarar por los Mossos por colaborar en la huida. Y se ha informado de que dos agentes han sido ya detenidos por participar en la escapada del prófugo. Las responsabilidades de la fuga tienen que empezar en los mandos que han dirigido el operativo. Pero existe también una dimensión política que alcanza al republicano Joan Ignasi Elena, de salida en la consejería de Interior, máxima autoridad sobre la policía autonómica; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encargado último de la seguridad nacional; y a los servicios de inteligencia. Las dimisiones son obligatorias. Es incomprensible que tras siete años de fuga, Puigdemont anuncie públicamente su regreso y no esté bajo el radar de las autoridades, por mucho que los líderes independentistas ya no sean vistos como un riesgo para la seguridad nacional después de que Sánchez accediera a regalarle a ERC el relato sobre el espionaje.
Un socialista vuelve a la Presidencia de la Generalitat 14 años después, pero no lo hace en la pretendida atmósfera de apaciguamiento y normalidad política, sino en una de gran inestabilidad. Atado al independentismo, al que ha cedido una transformación de nuestro modelo territorial que erosionará la convivencia y los servicios públicos en el resto de España. Illa gobernará, pero lo hará en medio de una crisis de excepcionalidad humillante para el Estado.