El Gobierno ignora las presiones del presidente valenciano a la ministra de Transición Ecológica y liquida las bases del trasvase
NotMid 26/01/2023
EDITORIAL
El recorte asestado por el Gobierno al trasvase al Segura supone una importante derrota política para Ximo Puig y un varapalo a las opciones electorales del PSOE en Levante, a solo cuatro meses de los comicios municipales y autonómicos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el plan hidrológico del Tajo, que prevé elevar sus caudales ecológicos y apostar por la desalación como alternativa. En la práctica, se trata de un hachazo sin precedentes al acueducto y una merma de cerca del 40% del agua que se deriva a Levante. Consciente del peso social, económico y electoral del agua, el presidente de la Comunidad Valenciana, tal como revelamos hoy, presionó hasta el último momento a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, para que aplicara de forma gradual el recorte al trasvase. Que esta ahora se escude en criterios técnicos no opaca el hecho de que estamos ante una batalla política en la que se ha impuesto la ortodoxia ambiental frente al pragmatismo que exige una cuestión tan delicada como es la gestión hídrica.
Para justificar su decisión, el Ejecutivo se apoya en las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a elevar el caudal del Tajo. Pero a ello hay que sumar la habilidad de Emiliano García-Page, el gran beneficiado del resultado de esta contienda. «No te preocupes, va a salir en los términos que hemos hablado nosotros», fue la garantía que Ribera, en vísperas de dar luz verde a la modificación del plan de cuenca del Tajo, le ofreció al presidente de Castilla-La Mancha, quien antes había llegado a amenazar con endurecer la batalla en los tribunales. Ambos son conscientes, y así queda plasmado en los contactos mantenidos entre los dos, de que esta decisión supone un mazazo para el presidente valenciano.
Puig recurrió al Consejo de Estado la modificación unilateral del plan del Tajo después de la votación en el Consejo Nacional del Agua. El presidente valenciano, que de forma razonable pedía tomar en consideración un análisis previo del estado de las aguas antes de determinar unos caudales fijos, llegó a acusar a Transición Ecológica de vulnerar «la lealtad institucional».
La medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez supone liquidar las bases de una infraestructura que ha convertido el sureste español en una potencia exportadora. La presión ejercida por Puig ha resultado estéril -apenas ha obtenido un vago compromiso de inversiones-, lo que desde el punto de vista electoral puede ser demoledor para el PSOE valenciano, especialmente, en Alicante, el gran feudo del PP de Carlos Mazón.
El recorte del trasvase mina las opciones de Puig para su reelección y dispara en Murcia las de Fernando López Miras, cuyo gobierno prepara una ofensiva judicial en coordinación con Andalucía. La decisión del Gobierno de reabrir la guerra del agua, además de agitar el tablero político, infligirá un severo daño económico a la industria hortofrutícola levantina.