Cuando se cumplen 25 años del asesinato del concejal de Ermua, el autor explica que invocar a la memoria no es suficiente cuando se abusa de esta para desentenderse de las consecuencias de la violencia en el presente
NotMid 11/07/2022
OPINIÓN
ROGELIO ALONSO
«El antónimo del olvido no es el recuerdo, sino la justicia», afirma Yerushalmi. Veinticinco años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, los homenajes que le recuerdan son un triste consuelo ante la falta de voluntad política para impedir la impunidad de quienes aún justifican su asesinato. Explica Kundera que «el hombre queda separado del pasado por dos fuerzas que se ponen inmediatamente en funcionamiento: la fuerza del olvido, que borra, y la fuerza de la memoria, que transforma». Hoy la memoria de aquel crimen incurre en un sentimentalismo efímero que borra y transforma su auténtico significado. Como escribió Javier Zarzalejos, secretario de la Presidencia del Gobierno durante el secuestro y asesinato del concejal, se quiere «proyectar una versión puramente sentimentalizada de lo que ese crimen significó, privándolo de su significado político y cívico real». Y es que, añadía, «si Miguel Ángel Blanco hubiera sido nacionalista, hoy estaría vivo. Es esta una verdad incómoda; pero si se prescinde de ella, se renuncia a la realidad de lo que ha ocurrido en esta sociedad».
Tras el asesinato, el historiador Santos Juliá escribió en El País un artículo de título revelador: ¿Fin del apaciguamiento? Los ciudadanos desafiaron la impotencia ante el terror que los partidos democráticos no habían roto en décadas. Por ello, concluía: «Cuando desde Ermua nos llega la consigna ‘¡Herri Batasuna lo tiene que pagar!’, lo que se nos dice es que la paz nunca se puede alcanzar a costa de la impunidad del agresor. El reto hoy consiste en traducir ese grito de la calle en lenguaje de la política. Los primeros pasos son alentadores, pero si volviera a escucharse que ETA está ahí, que no se puede aislar socialmente a los agresores, que es preciso buscar una salida política, no estará de más recordar que la paz, cuando se trataba con nazis, solo pudo conquistarse en las antípodas del apaciguamiento».
Veinticinco años después, la impunidad del agresor es innegable. Bildu, testaferro de ETA, como lo describe el Tribunal Supremo, legitima el asesinato de Miguel Ángel, se pavonea en las instituciones y chantajea al Gobierno. José Antonio Zarzalejos, director de El Correo entre 1990 y 1998, define como «un oprobio, un insulto» la presencia de su portavoz en el Congreso porque «no solo fue condenada por enaltecimiento del terrorismo, sino que señaló a los compañeros desde Egin». Lo que algunos disfrazan de exitosa integración en el sistema democrático, otros con mayor rigor lo ven como humillación de la democracia.
Tal fue el impacto del asesinato de Miguel Ángel Blanco que el Gobierno de José María Aznar aplicó una eficaz política antiterrorista de negación de cualquier concesión a ETA culminando con la ilegalización de su brazo político. Un representante del pueblo había sido secuestrado y asesinado por terroristas nacionalistas, su agonía seguida minuto a minuto por toda la nación. Además de las implicaciones humanas del crimen, las políticas eran evidentes. Quienes recuerden a Miguel Ángel soslayándolas, ensuciarán su memoria. El significado político de su asesinato y de la poderosa rebelión cívica que desató se convirtieron en un símbolo democrático. Como explicó Iñaki Viar, psicoanalista que rompió con ETA en sus inicios, los ciudadanos se resistían a marcharse a casa tras las impresionantes manifestaciones porque temían que si lo hacían «todo volvería a ser como antes»: «La gente no solo había expresado su ira contra ETA sino su indignación contra unos partidos y unos políticos cuya principal actividad consiste en buscar excusas para no enfrentarse a ETA. Esa resistencia psicológica a irse a casa reflejaba su temor a que, si abandonaban la calle, su protesta sería desactivada por los partidarios de las componendas con el mundo de HB».
El pánico moral alentó un liderazgo cívico y político sin parangón en nuestra democracia. En unos años, con autoridad y valor se logró que ETA temiera su verdadera derrota, no solo el cese de su violencia, sino la desaparición de su partido político. El PNV también temió la derrota del nacionalismo que propugna fines ilegítimos manchados de sangre. Estas eran las exigencias realistas y lógicas tras asesinar a Miguel Ángel. Pero la determinación de derrotar verdaderamente al terrorismo fue fugaz, como demostró la negociación entre ETA y el PSOE iniciada poco después. Así se indultaba políticamente a los criminales políticos que perpetraron y legitimaron el asesinato de Miguel Ángel. Así se evitaba que la ideología nacionalista que hizo posible el crimen fuera juzgada como merecía. En su ensayo Sobre el juicio de la Historia, Wallach alude a «la dimensión inconfundiblemente moral de la Historia». Si tras el nazismo se castigó la «siniestra influencia» del nacionalsocialismo para hacerlo «moralmente inaceptable e irrepetible», se exime de tan necesaria rendición de cuentas al nacionalismo legitimador de ETA. Se evoca a Miguel Ángel aceptando la renuncia del Estado a hacer justicia política por su asesinato. Se recuerda la inhumanidad a costa de olvidar tanto las causas como las consecuencias políticas de un crimen que el nacionalismo sigue rentabilizando y que no habría sucedido si el concejal del PP hubiera sido nacionalista.
Las víctimas ya no son el influyente grupo de presión que llegaron a ser con el memorable «espíritu de Ermua». Las asociaciones mayoritarias han comprometido su independencia al someterse algunos de sus dirigentes a directrices partidistas. Se ausentan con razón del tributo anual en el Congreso por la presencia de Bildu. Sin embargo, aceptan las interesadas subvenciones de los Gobiernos de quienes pactan con los lobistas de ETA, condicionando así su papel e incluso blanqueando en ocasiones a socialistas y nacionalistas. A menudo los intereses personales prevalecen sobre los generales de las víctimas en su conjunto, de ahí su incapacidad para movilizar y ejercer como la referencia que fueron en una sociedad que ha variado sus prioridades.
Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, extraña la ambición histórica, la valentía democrática que España y los españoles mostraron en otro tiempo, cuando los asesinatos de su marido y Miguel Ángel provocaron una ejemplar militancia cívica. El homenaje a ellos y a todas las víctimas de ETA queda vacío de contenido si se ciñe al mero recuerdo de la crueldad cometida eludiendo la debida exigencia de responsabilidades al nacionalismo, no solo penales, sino además políticas y morales. Lo advirtió Aurelio Arteta: «Como se instale la creencia de que lo malvado estriba nada más que en derramar sangre, sólo unos pocos serían culpables». Y es que «a la maldad de los medios debe añadirse la perversión de las premisas que los fundan y de las metas a cuyo logro se orientan».
Luis Heredero, cuyo padre fue asesinado por ETA en 1992, cuestiona también el pensamiento dominante que se limita a apelar al recuerdo de las víctimas, a su memoria, dignidad y justicia, mientras se esquivan las acciones imprescindibles para garantizar tan loables reivindicaciones. Por eso denuncia el fracaso de los valores que inspiraron la Ley de Víctimas del Terrorismo. El Estado se comprometió a una derrota sin contrapartidas del terrorismo incompatible con la participación en las instituciones de quienes apoyan o justifican el terrorismo, a evitar equidistancias morales y políticas. Hoy, argumenta Heredero, se evita la más mínima reprobación política o moral en torno a las ideas del nacionalismo separatista que sirvieron para atacar la democracia, aceptándose como demócratas a quienes legitiman el terrorismo. Honrar a Miguel Ángel exige estar a su altura, no solo conmovedores discursos. Recordar a la víctima para olvidarla es un vano consuelo. Como nos enseña Todorov, la invocación a la memoria no es suficiente cuando se abusa de esta para desentenderse de las consecuencias de la violencia en el presente, procurando así los beneficios de la buena conciencia.
- Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política, autor de La derrota del vencedor (Alianza).
ElMundo