El tope se establece en 40 euros el megavatio hora
NotMid 26/04/2022
EUROPA
España y Portugal han conseguido finalmente un acuerdo con la Comisión Europea (CE) para limitar el precio del gas para la generación eléctrica con el fin de abaratar la factura de la luz de los consumidores finales. Así lo han anunciado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el titular portugués de Acción Climática, Duarte Cordeiro.
El acuerdo llega después de que ambos países lograran a finales de marzo una ‘excepción ibérica’ para poder manejar la especial situación en la que se encuentran los precios energéticos. La propuesta se ha topado con reticencias técnicas ante la posibilidad de poder generar distorsiones en el mercado comunitario e incluso ha contado con la oposición del sector.
En concreto, según ha explicado Ribera, se establecerá un tope al precio del gas de 40 euros el megavatio hora (MWh). La medida se aplicará durante doce meses y a lo largo del periodo el límite se elevará hasta los 50 euros. La intención del Ejecutivo español es llevar el mecanismo al Consejo de Ministros del próximo martes y que así entre en vigor al día siguiente, 4 de mayo, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
«Tenemos un acuerdo político con la Comisión Europea tras semanas muy intensas de trabajo técnico difícil», ha señalado Cordeiro. España y Portugal han dado detalle el acuerdo tras mantener una reunión en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del área de Competencia, Margethe Vestager.
En el pasado mes de marzo, el precio medio de la electricidad alcanzó los 283,30 €/MWh, el más alto desde que se tienen registros. El récord se produjo bajo un escenario en el que el Ejecutivo aprobó el Plan de Recuperación para hacer frente a los daños económicos causados por la invasión de Rusia a Ucrania.
El mecanismo cuenta con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico. De hecho, los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal han advertido de los «importantes y relevantes impactos» que esta ‘excepción ibérica’ puede ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados.
En una misiva remitida a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país y al comité Técnico del MIBEL, OMI —en la que participan Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, EDP, Santander y BBVA—, OMPI, BMEClearing y MEFF alertan de que «la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios».
El sector se viene quejando de que España es uno de los países con mayor regulación en materia energética y que esto ahuyenta a inversores. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dicho públicamente que España tiene «el honor» de ser reconocido «sistemáticamente» como el país con más riesgo regulatorio de Europa.
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