NotMid 04/06/2026
IberoAmérica
Un tribunal penal de El Salvador ha condenado a 254 miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) a penas de hasta 85 años de prisión, tras un macrojuicio que se extendió durante más de un mes y medio, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados integraban la célula ‘Park View Locos Salvatruchos’, una facción que operaba en más de la mitad del territorio del departamento de Cabañas, donde mantuvo bajo terror a la población entre 2013 y 2022. Entre los condenados destaca el cabecilla del grupo, Eugenio Morales, alias ‘Little Pesadilla’, quien recibió la pena máxima de 85 años de cárcel por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas.
«De acuerdo con las investigaciones, estos pandilleros desempeñaban diferentes funciones para mantener el control territorial y facilitar sus actividades ilícitas en distintas zonas de Cabañas», detalló la FGR. El fallo fue dictado por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El nuevo modelo de macrojuicios
La sentencia es el resultado de una “audiencia única abierta”, un modelo procesal implementado a finales de 2023 tras una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado. Esta modificación faculta a la Fiscalía para procesar de forma masiva a estructuras criminales completas bajo un solo expediente.
Esta modalidad permite juzgar a los pandilleros por el mero hecho de pertenecer a la organización, lo que agiliza las condenas y deja el proceso abierto para sumar futuras causas contra la misma clica (célula). Bajo esta normativa, el fiscal propone al juez los imputados que comparecerán de manera escalonada, según su jerarquía y nivel de implicación, lo que explica que los miembros de la banda no se enfrenten a la audiencia simultáneamente a pesar de formar parte del mismo caso.
El contexto del régimen de excepción
Esta reforma legal se diseñó en el marco del polémico régimen de excepción vigente en El Salvador. Aunque la medida ha sido severamente cuestionada por organizaciones internacionales por vulnerar los derechos humanos, se ha convertido en el principal pilar de la estrategia de seguridad del Gobierno. Esta política criminal le ha otorgado al presidente Nayib Bukele altos índices de aprobación popular, lo que facilitó su inmediata reelección para un segundo mandato.
La medida excepcional, que ya acumula 51 prórrogas consecutivas, suma más de 92.000 detenciones. No obstante, el costo social y legal también es elevado: organizaciones humanitarias reportan más de 6.400 denuncias por violaciones a los derechos humanos y al menos 530 muertes bajo custodia del Estado.
Agencias