NotMid 27/05/2026
IberoAmérica
El futuro de Cuba no será la inmolación que sugiere Miguel Díaz-Canel cuando advierte que una intervención estadounidense desencadenaría un “baño de sangre”. Tampoco será una réplica de la venezolana Operación Resolución Absoluta. Cuba no es Venezuela: difiere en lo geográfico, en lo institucional y en su estructura jerárquica.
El destino de la isla lo decidirán, en realidad, dos actores clave: por el lado cubano, el tándem formado por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); por el estadounidense, la administración de Donald Trump. A ninguna de las partes le interesa una salida traumática; ambas prefieren una vía negociada.
Las FAR y su brazo empresarial —cada vez más autónomo— no desean una resistencia numantina, una estrategia que hundiría aún más sus intereses económicos. La actual crisis energética ya ha golpeado con dureza su negocio estrella. Gaesa explota en régimen de monopolio los sectores más rentables y captadores de dólares: el comercio y el turismo. Este último atraviesa una de sus crisis más severas, con un desplome interanual del 48% en la llegada de visitantes durante el primer trimestre, lo que ha reducido drásticamente la principal fuente de divisas del país.
Por lo tanto, la vuelta a la normalidad es vital para reactivar los beneficios de ese pulpo económico. No es casualidad que quien esté negociando con Washington sea Raúl Rodríguez Castro (‘El Cangrejo’), nieto de Raúl Castro e hijo del fallecido Alberto Rodríguez López-Calleja, creador de Gaesa. La élite corporativa del régimen prefiere negociar, aunque ello implique abrir las puertas a la inversión extranjera y ceder terreno. Para ellos, es mejor el 50% de algo que el 100% de la nada.
Al otro lado del tablero, Trump también prefiere pactar, incluso con el diablo. El mandatario estadounidense sabe que es indispensable contar con una contraparte viable. En Venezuela, tras el descabezamiento del régimen, ese rol lo asumen los hermanos Rodríguez; en Cuba, ese papel recaería en la reducida élite empresarial castrista-gaesista que domina la isla.
En los planes de Washington no entra repetir el escenario de Panamá en 1989, cuando la invasión derrocó a Manuel Antonio Noriega para instaurar al opositor Guillermo Endara. Hoy en día, nadie en Cuba —como tampoco en Venezuela, ni siquiera María Corina Machado— tiene la capacidad de asegurar el orden que la Casa Blanca exige para evitar un foco de inestabilidad y una crisis migratoria aún más grave en sus fronteras. Washington busca un polo de poder con el monopolio de la fuerza y cierta legitimidad interna —la de los poderes fácticos— que ejecute el trabajo sucio sobre el terreno. Ni el exilio de Miami ni la golpeada y heroica oposición interna poseen esos recursos, por lo que poco pueden ofrecer a la Casa Blanca.
Los intereses de Trump —escarmentado por la aventura en Irán y deseoso de replicar un éxito similar al venezolano— coinciden con los de la familia Castro. La situación conduce a un relevo de la guardia al estilo Caracas, espoleado por la presión de Washington (la imputación sobre Raúl Castro apunta en esa dirección) y la asunción de una nueva élite vinculada al viejo régimen, dispuesta a entregar algún chivo expiatorio (como ocurrió con Alex Saab).
Parafraseando ese manual de política práctica que es El Padrino: no es una cuestión personal ni ideológica, son solo negocios —los de Gaesa y los de Trump— los que terminarán por decidir el futuro de Cuba.