El juzgado ordenó indagar las relaciones de los árbitros con los Negreira
NotMid 28/09/2023
DEPORTES
Agentes de la Guardia Civil registran la sede del Comité Técnico de Árbitros en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en busca de documentación relacionada con el ex colegiado José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). En concreto buscan indicios de un posible trato de favor del ex árbitro al FC Barcelona cuando estaba al frente de este organismo, en concreto en la designación de árbitros.
Por orden judicial, la Guardia Civil investiga el cuestionario realizado por el CTA a todos los árbitros profesionales, en el que se pregunta por su relación por Enríquez Negreira y su hijo Javier, así como actas de calificación anual de los colegiados para determinar su categoría.
También se reclama circulares y comunicaciones internas que tenía el organismo con los Negreira,. Los agentes han clonando información de los ordenadores de los empleados del Comité que han visto alterado su trabajo. Los registros durarán toda la mañana, según informa Gema Peñalosa El juez, que ordenó el secreto de las actuaciones, quiere determinar la posible “influencia directa o indirecta» sobre los colegiados de los Negreira «en respuesta a los pagos efectuados por el Barcelona».
Además acusa al club de presuntamente sobornar al ex vicepresidente del CTA durante 18 años para conseguir su “influencia”. En su auto, el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona cree que Enríquez Negreira “ejercía funciones públicas” ya que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que depende el Comité Técnico de Árbitros, tiene esta categoría y por eso cree que el ex vicepresidente se debe equiparar a un funcionario público. De esta forma, introduce el delito de cohecho por los pagos recibidos, junto a su hijo, por parte del Barça. El juzgado remarca la importancia de la Federación como “persona jurídico-pública”, por el tipo de funciones que desarrolla de regulación de las competiciones deportivas, pese a considerarse “entidad privada”.
Por eso, indaga si junto con el delito de corrupción deportiva se puede imputar el de soborno a los investigados ya que la jurisprudencia remarca que “las empresas privadas que presten servicios públicos serán sometidas a la disciplina penal del cohecho”. Para el juzgado, “no estamos ante un delito de corrupción deportiva entre particulares” sino ante un posible soborno ya que el FC Barcelona entregó dinero a los Negreira. Así mientras los ex directivos y el propio club están acusados de cohecho activo el ex árbitro y su hijo sería pasivo, al recibirlo.
El magistrado recuerda que existen indicios de este presunto cohecho ya que “los pagos se prolongaron aproximadamente durante unos 18 años, fueron incrementándose desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000€ anuales” y el FC Barcelona “cesó en el pago tan pronto como Enríquez Negreira cesó como vicepresidente del CTA. Por deducción lógica los pagos realizados por el FC Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español. No obstante, las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica”.
Además, indica que tras el cese como vicepresidente del CTA a mediados del año 2018, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de Enríquez Negreira: “ante ello, este último envió una carta intimidatoria al ex presidente del FC Barcelona B. indicándole, en esencia, que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club”.
Por eso, el juez Joaquín Aguirre remarca que de esta carta “se desprende que Enríquez Negreira tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad. Este conocimiento directo por Enríquez Negreira implicaba bien su participación en la comisión de dichos actos en favor del FC Barcelona, bien en un conocimiento muy próximo de las personas que los habrían cometido. En suma, Enríquez Negreira era consciente, en mayor o menor medida, de la ilicitud de sus actos e, incluso, de otros actos desconocidos hasta ahora”.
“El delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos”, recuerda el juez.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga si el Barça sobornó a los árbitros con una «forma novedosa de posible retribución ilegítima». Por eso, instó a la Guardia Civil a indagar un posible delito de cohecho en los 7,3 millones de euros que el FC Barcelona pagó durante años al ex colegiado José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El magistrado Joaquín Aguirre considera que su abono ya es constitutivo de delito ya que el objetivo presuntamente era “alterar el resultado de ciertos partidos», pese a que por el momento no se han acreditado pagos a “árbitros concretos”.
De esta forma, el delito se comete en la entrega de dinero a una autoridad, en este caso Enríquez Negreira tenía poder de decisión dentro del CTA, para recibir a cambio un beneficio, independientemente de si se concreta o no. El soborno podría implicar a los máximos dirigentes del Barça, como los ya imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y ampliarse a otros dos, Joan Gaspart y Joan Laporta, en su anterior mandato.
En este sentido, el juzgado mantiene que «se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara, pero no por la bondad de los informes en sí mismos, sino por la condición de Negreira como miembro de la terna de vicepresidentes del CTA, cuya función no era simplemente representativa sino que ejercía funciones de relevancia significativa en la calificación y designación de los árbitros». Por eso considera que el Barcelona no usó el «tradicional método de pago» para un comprar presuntamente un partido concreto sino que con el pago continuado a Enríquez Negreira era una «forma novedosa de posible retribución ilegítima».
Para el juez esta actuación generó una “posible corrupción sistémica» en el Comité Técnico de Árbitros ya que Enríquez Negreira presuntamente controló el sistema de calificación de los colegiados y de esta forma “permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de la Liga o Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentado así sus ingresos de manera muy importante».
«Y aún cuando este último extremo no quede probado», el mismo pago anual a Enríquez Negreira ya podría ser «en sí mismo, delito», en concreto soborno, «aunque no se acredite el pago por Negreira a árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos», señala el juzgado que recuerda que «los árbitros sospechaban que existía una discrepancia entre el nivel técnico de cada árbitro y su clasificación en unas categorías internas del CTA, que les daban acceso a la internacionalidad, así como al cobro de más dinero anualmente»
El ‘caso Negreira’ indaga pagos de entre 70.000 y 700.000 euros que el Barça hizo a Enríquez Negreira y su hijo entre 2001 y 2018. El principal implicado era «uno de los tres vicepresidentes del órgano que designa a los árbitros cada jornada y que decide los ascensos y descensos y las internacionalidades (de los colegiados)» según el juzgado que sospecha que la competición pudo estar adulterada en esos años “si se llegara a demostrar que el CTA determinaba la clasificación interna de los árbitros atendiendo a criterios ajenos a su calidad técnica».
Además soborno, los Negreira, los ex presidentes del Barça Rosell y Bartomeu, y los ex directivos, Albert Soler y Óscar Grau, están imputados por los delitos continuados de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo, administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil.
Agencias